Pesquisas del fiscal sobre obras municipales en Madrid
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha abierto una investigación penal por posibles irregularidades en la contratación en el Ayuntamiento de Madrid entre 1991 y 1993. El grupo municipal de Izquierda Unida envió a la fiscalía, en junio pasado, documentación relativa a varias adjudicaciones. Fernández Bermejo contestó en un mes a la denuncia de IU mediante una carta en la que comunicaba que comenzaba las diligencias de investigación penal para establecer si en algún caso se podría haber cometido un delito de prevaricación (tomar una decisión injusta a sabiendas). La fiscalía ha requerido ahora al Ayuntamiento más documentación.En breve, el fiscal decidirá si cita a declarar a concejales o archiva esas diligencias. Si finalmente el alcalde, José María Álvarez del Manzano, o algunos de sus concejales fuesen condenados por ese delito, la pena correspondiente sería de seis a 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El grupo municipal del PSOE ha llevado también al alcalde y los concejales del PP ante el juez por una supuesta irregularidad en la adjudicación de obras en dos polideportivos.
La tesis del portavoz de IU en el Ayuntamiento, Paco Herrera, consiste en afirmar que los procedimientos de contratación en el municipio son reiteradamente irregulares. En concreto, Herrera advierte un abuso de la adjudicación directa (es decir, a dedo), que según1a Ley de Contratos del Estado es un procedimiento especial en el que tienen que concurrir urgencia, características técnicas especiales del objeto del contrato, motivos de seguridad o falta de licitadores en concursos o subastas. Y siempre tienen un tope máximo de cuantía.
Herrera mantiene que de 1991 a 190 el Ayuntamiento adjudicó el 94% de los contratos directamente, 150.000 millones de pesetas. "El recurso sistemático a la adjudicación directa ha supuesto, en el conjunto de las administraciones públicas, el caldo de cultivo de la corrupción", afirma Herrera.
Izquierda Unida denuncia que el equipo de gobierno del PP arguye razones de urgencia inexistentes para justificar el recurso a la adjudicación directa o fragmenta los contratos para ajustarse al límite económico legal. Éstos son algunos de los casos enviados al fiscal:
Limpieza. El área de medio ambiente adjudicó directamente, la limpieza de seis distritos durante los fines de semana de 1993 en dos contratos distintos, pero a la misma empresa. Primero se contrata durante los meses de marzo a mayo, y luego, de junio a septiembre.
Centro cultural Buenavista. La junta del distrito de Salamanca pidió ofertas a varias empresas pidió ofertas a vanas empresas para adjudicar la instalación de aire acondicionado en el centro cultural. Se decidió por la compañía Puerta y Herrero, SA, pero su oferta fue presentada por la misma persona que rellenó los papeles para otras cinco de las ocho empresas presentadas.
Nuevos recintos feriales. El. Parque Ferial Juan Carlos I, para cuya construcción se formó un consorcio, costó casi 7.000 millones más de lo previsto. En una carta remitida por el director general de Ifema, Manuel Coronado, al presidente de la Cámara de Comercio, Adrián Piera, se hace referencia al modo en que se adjudicaron las obras: sin precio ni plazo cerrados.
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