Los problemas políticos de las reformas laborales

Si existe en toda Europa un compromiso político unánime de reducir el paro, tal como exponen el Libro Blanco de Delors o el informe sobre el paro de la OCDE, ¿por qué no se ponen en práctica las políticas económicas adecuadas para reducirlo? ¿Por qué no sólo no se aplican dichas políticas, sino que se siguen introduciendo medidas que tienden a aumentar, en lugar de reducir, el nivel de desempleo?La respuesta está clara para Gilles St. Paul en un excelente artículo de próxima publicación sobre el alto desempleo desde una perspectiva de economía política: las políticas económicas son el resultado de un proceso político y, por tanto, reflejan los equilibrios de poder en la sociedad. Y la realidad es que muchas políticas que intentan reducir el desempleo no consiguen suficiente apoyo político mientras que otras que lo aumentan introduciendo excesivas rigideces laborales, tales como altos costes de despido, elevados salarios mínimos o excesivas contribuciones a la Seguridad Social, encuentran el apoyo de la mayoría de los votantes.

La razon principal estriba en que los parados, que son los que se beneficiarían más directamente de estas medidas, son una minoría electoral, están muy desorganizados, y además, su composición es muy heterogénea. Por tanto, las políticas que tienden a reducir el paro y beneficiar a los parados deben de contar, para que puedan ser aprobadas y aplicadas, con el apoyo de los que ya están empleados.

Sin embargo, los ocupados sólo estarán dispuestos a apoyar dichas medidas cuando consideren que se encuentran muy expuestos a convertirse también en desempleados. Esto sólo ocurrirá siempre que la tasa de desempleo esté creciendo con rapidez. Es decir, se puede llegar a alcanzar un nivel de desempleo muy elevado como en España, pero, que por muy elevado que sea, si dicho nivel está estabilizado o no crece lo suficientemente rápido, los ocupados se sentirán muy poco expuestos y, por tanto, muy poco proclives a apoyar medidas que beneficien a los parados. Es el ritmo de crecimiento del desempleo y no el nivel de paro el que influye en la percepción de los ocupados respecto de su exposición al paro.

Otro problema que puede plantearse a la hora de poner en práctica medidas de reforma laboral, de acuerdo con St. Paul, es que, una vez anunciadas, los mismos responsables pueden cambiar su compromiso inicial si observan que la reacción de los agentes económicos y sociales pueden variar los equilibrios de poder. De acuerdo con estos con dicionamientos políticos, se pueden comprender algunas situaciones aplicables a España.

¿Por qué los costes efectivos de despido siguen siendo tan elevados a pesar del alto nivel de desempleo existente en nuestro país? Porque su reducción afecta negativamente a los que actualmente están ocupados. Incluso aun cuando sólo se reduzcan los costes de despido para los nuevos contratos y no para los actualmente existentes, con lo que los ocupados sólo tienen ventajas, ya que si son despedidos consiguen una elevada indemnización y además tienen después una mayor probabilidad de ser contratados, la reacción de los ocupados suele ser contraria también a esta medida. La razón está en que si la aceptan, los intereses de los nuevos contratados, más flexibles, tenderán a ser contrarios a los de los actuales contratados, menos flexibles, y si la medida es un éxito y el número de nuevos empleados más flexibles es muy elevado, éstos pueden ser utilizados como apoyo político para nuevas medidas de flexibilización laboral, especialmente a través de nuevas reducciones de los costes de despido. De acuerdo con este argumento, se puede comprender el enorme interés de los sindicatos para acabar con el sistema de contratación temporal introducido en 1984, a pesar de haber sido el único elemento importante de flexibilidad laboral y de creación del empleo que se ha introducido hasta la reciente reforma laboral.

¿Por qué no se reducen los salarios mínimos, especialmente cuando existen tantos desempleados entre la población joven y entre los trabajadores poco cualificados? En este caso, la oposición de los ocupados puede derivarse, de un lado, de que la compresión salarial que introducen los salarios mínimos tiende a evitar que los trabajadores situados por encima, especialmente los más cualificados, caigan en unos tramos de imposición sobre la renta, más elevados, y de otro, de que un aumento elevado de trabajadores jóvenes puede hacer peligrar, a largo plazo, los mismos empleos.

¿Por qué no se reducen en mayor medida los costes laborales no salariales, especialmente las contribuciones a la Seguridad Social? Aquí el problema está en que los Gobiernos no, quieren perder un medio de obtención de ingresos tan fácil de recaudar y tan importante, y en que no encuentran otras fuentes alternativas para financiar la Seguridad Social. En estos casos, los intereses de los trabajadores ocupados y los del Gobierno pueden coincidir, ya que cuanto más altos sean los costes de despido más fácil será para los Gobiernos elevar las contribuciones a la Seguridad Social sin provocar un mayor paro.

¿Por qué, a pesar de haber alcanzado el nivel de desempleo cifras superiores al 20% en los últimos años, los crecimientos salariales no se han moderado en mayor medida? Este caso demuestra que los ya empleados no percibían un riesgo suficiente de convertirse en parados y sus representantes sindicales seguían presionando por salarios elevados. Sólo cuando se han dado cuenta, a finales de 1993, de que la recesión empezaba a ser muy profunda y el paro alcanzaba niveles récord, han comenzado a moderar sus demandas salariales.

Pero existen otras causas que afectan a la escasa flexibilidad de los salarios en relación con la evolución del desempleo. La primera deriva de la falta de adaptación de la oferta de trabajo a los requisitos de la demanda de trabajo por parte de las empresas, tanto en términos de cuatificación como de especialización.

La segunda causa es consecuencia de nuestro sistema de negociación salarial, que es fundamentalmente sectorial en lugar de ser empresa a empresa. Dicho sistema de negociación sectorial tiene dos inconvenientes graves. El primero, es que los sectores en los que primero se negocian los salarios son sectores públicos, en los que los sindicatos tienen una mayor presencia y mayor poder de negociación. Una vez establecida una pauta de crecimiento salarial en estos sectores, se produce un efecto contagio y los demás tienden a seguir pautas muy similares, aunque estén en condiciones económicas muy diferentes de los primeros, con lo que siempre hay un sesgo salarial alcista. El segundo es que, una vez fijados los aumentos salariales en los acuerdos sectoriales, las empresas no pueden pactar aumentos inferiores a los fijados, sino que sólo pueden mejorarlos (a menos que lleven tres años consecutivos con pérdidas, requisito que es extremadamente rígido).

Cambiar el sistema de negociación sectorial por otro empresa a empresa es políticamente muy difícil, puesto que, lógicamente, será rechazado por los sindicatos y por las patronales, ya que dichas negociaciones sectoriales son, en buena medida, la razón de ser de su organización.

En estos ejemplos hemos podido vislumbrar lo difícil que es, en una democracia, hacer frente a un problema grave que afecte a una minoría (en nuestro país, muy elevada), a pesar de que su solución beneficie, a toda la economía y la sociedad en su conjunto, ya que aumenta la producción y la renta nacionales, disminuye el déficit público y reduce las tensiones sociales.

es presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio.