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Jueces como políticos

De pronto, el lugar tradicionalmente ocupado en la política española por los abogados se nos ha llenado de jueces. Pero no de jueces en el desempeño de una función judicial, como titulares de ese poder temible del Estado que consiste en condenar y privar de libertad a los ciudadanos, sino en el ejercicio del poder legislativo, como parlamentarios, o del ejecutivo, como miembros del Gobierno. Gracias a una disposición introducida por los socialistas, los jueces pueden ser hoy titulares del poder judicial, mañana del legislativo, pasado del ejecutivo vuelta al judicial, sin más solución de continuidad que la. exigida para vestir o desvestir la toga.El problema que plantea esta saturación de jueces, titulares de por vida de un poder fundamental del Estado, consiste en que actúan como políticos, movidos por la misma lógica, aunque invulnerables en su independencia y libres de todos los peajes. que el político debe pagar a sus electores. Político es Belloch, de forma eminente; pero no lo es menos Garzón, que por ser un juez estrella saltó al segundo puesto de la lista presentada por el PSOE en Madrid; ni Pérez Mariño, singular portavoz de un grupo parlamentario. Y como son políticos y actúan como tales, hemos podido ver a un juez ministro cortar desde el Gobierno, olvidando el gracianesco consejo de "nunca llegar a rompimiento" pues "no anida segura el águila en el mismo seno de Júpiter el día que rompe con un escarabajo", la

carrera política de juez secretario de Estado, dejándole un campo de retirada suficiente para recomponer su maltrecha figura y pasar a la ofensiva desde el poder judicial al que fue devuelto.

Lo cual, además de enseñamos algo sobre la condición humana, confirma la antigua sabiduría, británica más que francesa, de desconfiar radicalmente de las personas y de los motivos trascendentales que esgrimen para entrar en política. Estos jueces que ocupan hoy la primera línea del escenario, como ministros, parlamentarios o titulares de juzgado, hacen lo que hacen y dicen lo que dicen no porque sean más o menos ingenuos o traidores, honestos o felones, veraces o mendaces, esto es, por algún motivo trivialmente moralista o psicológico, sino porque ocupan diferentes posiciones en el aparato del Estado y ven por obligación las cosas de distinta manera. Si el juez Garzón hubiera avanzado en su carrera política, si hubiera conseguido hablar con el presidente del Gobierno la tarde de su defenestración y se hubiera visto confiarle el Ministerio de Justicia, hoy diría exactamente lo que diez el juez Belloch que, por ser titular de dos ministerios, no puede decir ni hacer lo mismo que decía y hacía cuando era presidente de la Audiencia de Bilbao.

Porque, seamos claros: cuando los tres jueces se incorporaron al "proyecto socialista" sabían acerca de los GAL y de los manejos del Ministerio de Interior lo mismo que todos nosotros, esto es, que ahí se había producido una quiebra del Estado de derecho. Sabían algo más, desde luego, y barruntaban al menos quién podría ser el misterioso señor X. Si a pesar de todo, no dudaron en aparecer junto a Felipe González era porque pensaban iniciar -y por arriba, sin el engorro de enzarzarse en disputas locales- una carrera política. Que uno de ellos instruya ahora una causa contra los mismos políticos para los que pidió el voto, no constituye ningún punto a su favor. Más bien todo lo contrario: si no la ley, sí ese decoro que exigía a la mujer del César ser honesta y parecerlo, le aconsejaba abstenerse y dejar que fuera otro el juez que se encargara del asunto.

Por eso, no estaría mal retomar al viejo Montesquieu, de quien los socialistas, creyendo ser perversos, se mofaron, y distinguir nítidamente los tres poderes: si un juez quiere ser diputado o ministro, que renuncie al ejercicio del poder judicial. Cualquier otra cosa redundará en confusión y desprestigio de todos los poderes del Estado.

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