Desahuciados por un televisor

El matrimonio de jubilados formado por José María Medina, de 65 años, y María Dolores Vido, de 63, deberá abandonar su piso en Badia, localidad próxima a Sabadell, mañana, a las diez, a instancias del juez. El impago de tres letras de un televisor comprado en 1981 ha acabado, 12 años después de aquella fatídica compra, en una sentencia judicial firme -la notificación, recibida por el matrimonio en noviembre, dice que "deberá cumplirse sin mayor dilación"-, cuyo acatamiento dejará en medio de la calle a la pareja.José y María Dolores, naturales de Jaén, llegaron en. 1976 al polígono de viviendas de Badia, construido por la franquista Obra Sindical del Hogar, como tantos otros, para acoger a los inmigrantes que por millares llegaron a Cataluña en la década de los sesenta y primeros setenta. El matrimonio se hizo con una vivienda de protección oficial de 75 metros cuadrados, que les costó 400.000 pesetas, y para pagarla pidieron una hipoteca. Él trabajaba como repartidor y en sus ratos libres recogía cartones para venderlos.

En febrero de 1981 compraron un televisor en la única tienda de electrodomésticos de Badía, Ibérica Confort, que cerró hace dos años. Cuando, en 1983, José perdió su empleo, quedaban tres letras del televisor por pagar, 20.000 pesetas que la familia no pudo pagar.

La financiera de la tienda, Fincolor, no dudó en demandar a los morosos. La familia no poseía ningún bien mueble por el valor requerido, por lo que el proceso judicial derivó en una orden de embargo del piso, que se hizo efectiva en 1984. Mediante subasta pública, el piso de la pareja de jubilados pasó a manos de la financiera, que lo adquirió por 20.000 pesetas, el valor de las tres letras del televisor que quedaban por pagar. Por procedimiento de cesión, la vivienda pasó a ser propiedad de Juan Carlos Rodríguez Miñana, que también pagó por ella 20.000 pesetas. José y María Dolores, que a duras penas saben escribir su nombre y que no saben de leyes, en ningún momento fueron conscientes de lo que pasaba. Siguieron ocupando su vivienda, y ahora, casi 11 años después de la subasta, reciben la orden de desalojo. "No entiendo nada, me voy a quedar sin casa. ¿Qué, voy a hacer con mi familia?". Para complicar la situación, José María Medina ha sufrido una grave enfermedad de riñón y se ha sumido en una profunda depresión. No alcanza a comprender que el resultado del impago de 20.000 pesetas sea la calle.

El matrimonio vive con una pensión de 50.000 pesetas y tiene a su cargo a una hija, su yerno y su nieto. El abogado de Oficio que les fue asignado para hacer frente al proceso judicial "No nos ha dado signos de vida". "No nos ha dicho nada", explican. "Si hubiéramos sabido que nuestro piso se subastó por 20.000 pesetas lo habríamos vuelto a comprar. Todavía estamos devolviendo el crédito que pedimos para pagar una casa que el juez dice que no es nuestra

La justicia antepuso él derecha de una financiera a cobrar una deuda al derecho a vivienda de la familia Medina Vico. Pero la Asociación de Vecinos de Badia intentará que la orden judicial no se ejecute. Clara Gutiérrez, portavoz vecinal, explicó que se ha solicitado al juez un aplazamiento, "para que por lo menos, nos dé tiempo a buscarles otra vivienda", dice.