Interior denuncia ante el juez a tres mandos de la Guardia Civil por presunta corrupción

El Ministerio de Justicia e Interior ha presentado denuncia ante el juzgado contra tres altos mandos del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil, por presuntas actuaciones que revelan casos de corrupción. La denuncia es consecuencia de la investigación interna realizada desde el pasado mes de noviembre por el coronel Pablo Cuesta Vega por encargo de la viceministra de Interior, Margarita Robles. Fuentes del instituto armado no han revelado la identidad de los jefes denunciados, mientras que Interior señala que el asunto está clasificado aún como "reservado".

El coronel Cuesta entregó poco antes de Navidad el resultado de la investigación interna realizada sobre "todo el personal, sin excepción, que haya estado destinado en el Servicio de Acuartelamiento" de la dirección general del cuerpo. El informe, de más de 1.000 folios de extensión, recoge las declaraciones prestadas desde el pasado noviembre por todos los agentes, suboficiales, oficiales y jefes que han estado destinados en este servicio desde 1987, coincidiendo con la etapa de Luis Roldán al frente del instituto armado.La comisión encargada desde Justicia e Interior pretendía aclarar el comportamiento de todos los agentes "en relación con la adjudicación de obras, posible tráfico de influencias u otras actividades irregulares" qué pudieran haber cometido prevaliéndose de su puesto de trabajo.

Cuesta, un jefe que está destinado en Oviedo, ha llevado sus investigaciones con sumo sigilo para evitar que la difusión de las identidades de los mandos a los que ha ido interrogando pudiera suponer para ellos una condena automática. Debido al secretismo que ha rodeado estas pesquisas, fuentes de la Guardia Civil no han podido precisar el número de per sonas que han sido interrogadas, aunque coinciden en que han sido "muchas", posiblemente más de medio centenar.

En manos del Juez

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ordenó pocos días antes del final de año, que se diera traslado del resultado de la investigación a la autoridad judicial. Esta directriz se sustanció en una denuncia en la que aparecen implicadas tres personas. Medios judiciales no han podido informar qué juzgado se ha hecho cargo del caso, debido a que posiblemente está todavía pendiente de ser asignado por el procedimiento de reparto. Nadie ha precisado quiénes son los denunciados, aunque fuentes de la Guardia Civil y de la policía señalan que se trata de dos oficiales jefes del cuerpo y de un civil que estuvo estrechamente vinculado a los negocios del fugitivo Luis Roldán, ex director del instituto armado.

El pasado mes de noviembre fueron relevados de su puesto el teniente coronel Clemente Sancho Gasón y el capitán Juan José Cobo Corcés, ambos vinculados al Servicio de Acuartelamiento. Cobo se suicidó el pasado 29 de noviembre disparándose un tiro en la cabeza, tras escribir una carta dirigida a su esposa y a sus dos hijas en la que no acusaba a nadie ni revelaba nada sobre presuntas corrupciones por parte de otros compañeros. El general Manuel Llaneras, otro alto mando de esta unidad y hombre de confianza de Roldán, tuvo que declarar ante la comisión parlamentaria del caso Roldán.

Fuentes de la Guardia Civil han calificado de "dura" la investigación realizada por el coronel Cuesta y han explicado que éste ha hecho pasar dificultades a algunos compañeros que han tenido que explicar incluso simples irregularidades de carácter administrativo.

En medios de Justicia e Interior se ha acogido con satisfacción el resultado de la comisión Cuesta por entender que su resultado demuestra que no hay motivos para extender una sospecha generalizada sobre los integrantes de la Guardia Civil. Sin embargo, integrantes de este cuerpo califican de "pobre" el resultado del trabajo realizado por Cuesta si éste se salda solamente con la denuncia contra tres personas. Es previsible que Interior haga público el balance de esta comisión en los próximos días, cumpliendo así la promesa de dar claridad y transparencia a la gestión de la Guardia Civil.

Mientras que ya han concluido las investigaciones sobre el Servicio de Acuartelamiento, prosiguen las pesquisas que realiza el general Pascual Navarro por encargo del director general de la Guardia Civil, Ferrán Cardenal, sobre "todas aquellas personas que hayan tenido o tengan relaciones comerciales o patrimoniales de cualquier índole con proveedores o suministradores".

La marcha de las pesquisas, de Navarro, que no tiene prefijada una fecha para entregar sus resultados, es un absoluto misterio. No obstante, fuentes de la Guardia Civil han comentado que se han descubierto irregularidades en la compra de diversas partidas de equipamiento, lo que parece apuntar algún tipo de favoritismo hacia determinadas empresas.

De lo que no se sabe nada es sobre otra tercera investigación: la auditoría encargada a Luis Herrero, subsecretario de Justicia e Interior, en torno al Patronato de Viviendas de la Guardia Civil.