Dos condiciones

LA COMISIÓN parlamentaria sobre la financiación de los partidos políticos culminó a finales de diciembre la parte de su cometido relativa a la investigación de los escándalos más notorios relacionados con esa cuestión. A partir del mes próximo abordará el estudio de las reformas legales necesarias para evitar la repetición de casos como los investigados: Filesa, Naseiro y demás.La actitud de negar la evidencia seguida por las personas que han declarado ante la comisión ha impedido a ésta ir más allá de lo ya conocido por la opinión pública. Pero no es cierto, que sus sesiones hayan resultado inútiles. Esa especie de psicodrama desarrollado en la comisión ha permitido a los partidos comprender que el problema les afectaba a todos: más concretamente, que todos estaban interesados en dar una respuesta política conjunta a un problema compartido: su financiación irregular.

Es cierto que no han faltado intentos de utilizar la comisión para debilitar la posición del adversario. Pero el conjunto de intervenciones ha puesto en evidencia que, más allá de la diferente suerte corrida por los sumarios abiertos en los tribunales, ningún partido está libre de sospecha. Que los partidos tomasen conciencia de esa realidad era la primera condición, para un planteamiento realista de soluciones.

La segunda condición es establecer un criterio viable de exigencia de responsabilidades políticas. De entrada, parece razonable pensar que no podrán merecer el mismo tratamiento las actividades propiamente delictivas, en particular cuando aparezcan indicios de enriquecimiento privado, que los comportamientos irregulares (en relación a donaciones, por ejemplo). De las primeras se encargan los jueces. Respecto a las segundas, y excluida la hipótesis insinuada por Fraga del borrón y cuenta nueva para todos, queda por ver si es posible un acuerdo sobre el alcance de las responsabilidades que cabe exigir a los dirigentes de los partidos afectados.

De momento existe un amplio consenso para reformar la Ley de Partidos en el sentido de atribuir formalmente al tesorero o encargado de las finanzas en cada ámbito territorial la responsabilidad personal de la gestión económica en ese ámbito. Proyectar ese criterio hacia atrás podría ser injusto en algún caso, pero es menos arbitrario que otros que han sido considerados: atribuir toda la responsabilidad al secretario general o diluirla entre todos los miembros de la dirección. En cualquier caso, el consenso sobre la cuestión parece un requisito necesario para poder seguir avanzando.