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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Bajo el árbol de Guernica

MAÑANA TOMA posesión en Vitoria el nuevo Gobierno vasco, quinto que presidirá José Antonio Ardanza, tras haber jurado su cargo ayer bajo el árbol de Guernica, según una tradición inaugurada por el lehendakari Aguirre hace 59 años. La fragmentación del electorado vasco, superior a la de cualquier otra comunidad,- exigía un- mínimo de tres formaciones para configurar una mayoría suficiente. A la alianza del PNV (20 escaños) con los socialistas (12), que ha venido gobernando en Euskadi desde hace ocho años, se ha unido esta vez Eusko Alkartasuna (8).De la negociación entre los tres socios ha trascendido más el aspecto de la distribución del poder entre ellos que el específicamente programático. El PNV retiene cinco carteras (más la presidencia), tres el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) y dos Eusko Alkartasuna (EA). Este acuerdo se ha visto condicionado por la reducción de departamentos a que se habían comprometido los partidos. El anterior Gobierno tenía 16 consejeros, más que cualquier otra comunidad, e incluía 169 altos cargos y un centenar de asesores. Si se tiene en Cuenta que el sistema. ínstitucional vasco comprende además tres gobiernos provinciales con sus correspondientes parlamentos -Juntas Generales-, el compromiso de reducir el número de carteras parece mas que justificado.

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La última crisis ha agudizado el sentido crítico de los ciudadanos vascos contra el crecimiento desmesurado de la, Administración autónoma, que, pese a ser construida ex novo, no ha evitado reproducir los vicios de ineficiencia y despilfarro, de la estatal. A esa inquietud responde probablemente la inclusión en el programa conjunto del nuevo Gobierno de una referencia a la "transparencia y austeridad" de la Administracíón. Con una tasa de paro del 25%, que alcanza el 52% entre los menores de 25 años, la crisis económica y sus secuelas ocupan el lugar primero entre las preocupaciones de los vascos, según vienen revelando las encuestas desde hace años; los dirigentes políticos reconocen por lo general que ésa es la prioridad absoIuta. Sin embargo, esos mismos dirigentes desvían, una y otra vez el debate político hacia cuestiones secundarias o menos urgentes, como la profundización del autogobierno, las competencias pendientes o el fomento del euskera.

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La política lingüística ha sido, junto con la de la pacificación, uno de los temas más polémicos entre los socios. El ascenso del Partido Popular y, sobre todo, de Unidad Alavesa tiene mucho que ver con el rechazo por parte de sectores de la población al modelo lingüístico seguido desde comienzos de los ochenta, considerado por los críticos carísimo y poco eficaz. Una referencia genérica a la "no discriminación por razón de lengua" incluida en el programa deja las cosas como estaban, puesto que mientras el PSOE sostiene que son los que no saben euskera los discriminados, EA asegura que los únicos discriminados son los vascohablantes. La quemante cuestión, de la euskaldunización de los funcionarios -aprendizaje en un plazo dado a riesgo de perder la plaza- se ha dejado en suspenso hasta el mes de julio, en que oficialmente finaliza la primera fase del plan aprobado en su día.

LO más confuso del acuerdo programático es lo referente al Pacto de Ajuria Enea al que se reincorporara EA tras años de ausencia unilateral. Por una parte, se admite la posibilidad de tomar decisiones por mayoría, lo que supondría liquidar el principio de consenso, consustancial al objetivo central del Pacto: la renuncia de todos los partidos democráticos a obtener beneficios políticos de los efectos de la violencia. Por otra, se plantea la hipótesis, de la que EA hace cuestión de principio, de admitir en su seno a Herrí Batasuna (HB), algo absurdo mientras esa organización siga apoyando y legitimando el terrorismo. Herri Batasuna, por su parte, ha considerado "una provocación", la invitación a integrarse a lo que considera "un instrumento represivo".

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