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La extralimitación policial en un registro costará al Estado 12 millones

El Poder Judicial avala indemnizaciones por 60 millones en 14 casos de mal funcionamiento de la justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado favorablemente la reclamación de una indemnización de más de 12 millones de pesetas,por daños morales y físicos, planteada por la familia Nieto Lindo. Vanos policías asaltaron su domícilioen Sevilla el 29 de diciembre de 1991, cuando celebraban la Navidad con cuatro amigos del País Vasco. Es uno de los 14 informes en los que el CGPJ aprecia la existencia de anormal funcionamiento de la justicia, por unos 60 millones de pesetas, de los 37 casos vistos en los últimos cuatro meses.José Luis Nieto, saxofonista del grupo de rock duro Reincidentes, y su esposa Ana Lindo no- salían de su asombro cuando hacia las 2.30 -pasado ya el día de los inocentes- sonó una fuerte explosión por la voladura de la puerta y entraron "unas 10 o 15 personas de paisano con armas de fuego, chalecos antibalas y cascos, que encañonaron e inmovilizaron a todos los ocupantes de la casa, dirigiéndose a cada una de las habitaciones, sin dar explicación alguna ( ... ), tirando ropas y objetos y entrando perros", según los reclamantes. A las 3.30 se llevaron detenidos a los cuatro amigos vascos y tres horas después a su anfitrión. Los detenidos fueron puestos en libertad el, 31 de diciembre. Ninguno de ellos pertenecía a ETA, pero la matrícula de Bilbao de su vehículo -en el que se halló atún fresco para hacer marmitaco- infundió sospechas a la policía. La querella criminal por allanamiento de morada fue sobreseída, dado que el registro fue autorizado por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de. la Audiencia Nacional -competente en casos de terrorismo-, "... sin perjuicio, naturalmente, de que los querellantes puedan obtener reparación económica en la vía correspondiente", según resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla de 17 de marzo de 1993.

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No "importunar"

Los dos cónyuges y sus cuatro amigos vascos reclamaron al Ministerio de Justicia dos millones de pesetas por los perjuicios materiales y morales sufridos por cada uno de ellos y 73.790 pesetas por los daños materiales, en total 12.073.790 pesetas. El pleno del CGPJ ha informado favorablemente el expediente, por entender que "las extralimitaciones en que. incurrieron las Fuerzas de Seguridad del Estado (...) merecen el calificativo de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". El CGPJ recuerda que la ley establece que "al practicar los registros deberán evitarse inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario...".

Además de esta reclamación, el CGPJ analizó en los cuatro últimos meses otros 36 expedientes, de los que sólo 14 -la mayoría por retrasos indebidos de la maquinaria judicial- fueron informados favorablemente, por un importe total superior a los 60 millones de pesetas. En 23 casos el CGPJ estimó que no hubo anormal funcionamiento judicial. La solicitud de indemnización se fundamenta en el artículo 121 de la Constitución, según el cual "los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado".

. Algunos de los casos informados favorablemente son éstos:

Homicida esquizofrénico en libertad. La viuda de Julián Ca macho Mansilla que, cuando se encontraba sentado en un banco de un parque de Madrid, murió apuñalado por un esquizofrénico agudo, reclama 20 millones de pesetas por considerar funciona miento anormal de la Administración de Justicia que el enfermo permaneciera en libertad y sin sometimiento a tratamiento alguno ni a expediente de internamiento o incapacitación, a pesar de haber demostrado reiteradamente su peligrosidad. El CGPJ reconoció el mal funcionamiento de la justicia en este caso.

Prescribió el delito por retraso. Daniel Álvarez Díaz pide 14.127.000 pesetas al Estado por Iesiones, daños materiales y morales. Alega que, a raiz del accidente de tráfico sufrido el 2 de enero de 1991, con resultado de graves lesiones deformantes, el trámite judicial experimentó numerosas irregularidades y retrasos en un juzgado de Collado Villalba (Madrid), que originaron la prescripción del delito por paralización del caso.

El CGPJ informa favorablemente la petición, dada la "indebida dilación" del procedimiento penal que "ha de ser impulsado en su tramitación de oficio", recuerda.

8 años despojados de su casa. Antonio Almansa y Montserrat García calculan en 4.693.125 los daños y perjuicios materiales y morales que reclaman al Estado por haber sido desaloados de su casa en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) desde 1987 a 1994, por falta de aviso judicial para realizar un pago a la Caixa de Catalunya de 147.579 pesetas. Las sucesivas irregularidades judiciales desencadenaron la subasta de la casa, de la que se enteraron cuando los adjudicatarios se presentaron a ver la vivienda de la que ya eran dueños y de la que los reclamantes fueron lanzados y que sólo recuperaron ocho años después.

El CGPJ informa a favor dada Ia intensidad de la deficiencia" judicial.

17 años sin cobrar por un accidente. Eduardo García Geijo valora en 1.415.000 pesetas la indemnización que le corresponde, aplicando los intereses legales a las 230.800 pesetas que debió percibir del condenado por un accidente de tráfico ocurrido en 1977 en Fuengirola. La compañía de seguros Atlas, declarada responsable civil, fue absorbida por ASA y el caso pasó de unos a otros juzgados, de modo que, tras un "cúmulo de despropósitos" según el reclamante, han pasado 17 años sin cobrar. El CG.PJ cree que 17 años es un "plazo excesivo para resolver un accidente de tráfico sencillo" e informa a favor del reclamante.

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