González comparece.

FELIPE GONZÁLEZ intentó ayer transmitir un mensaje de serenidad y confianza a la sociedad durante la conferencia de prensa convocada al término de la reunión del Consejo de Ministros. Si el aplomo y la tranquilidad mostradas por el presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación pudieran transmitirse sin más a los ciudadanos -a través del aire o por las ondas hertzianas-, ninguna duda cabe de que habría conseguido su objetivo.Pero, no siendo así, existen fundadas dudas de que el mensaje presidencial haya sosegado enteramente a una opinión pública estupefacta ante los sucesivos escándalos y sometida en los últimos días a un bombardeo de "memorias" y "seriales" sobre la guerra sucia contra ETA que en modo alguno incitan al sosiego.

La comparecencia de González, aunque enmarcada en una rueda de prensa más o menos convencional, tenía en sí misma un valor político innegable en unos momentos en que amplios sectores de la sociedad y los agentes económicos nacionales e internacionales otean con inquietud el inmediato futuro. Psicológicamente era importante que el presidente demostrara que sigue al frente del timón y con ganas de continuar gobernando que su Gobierno sigue contando con el sólido apoyo parlamentario de CiU y que está en marcha una recuperacion económica con expectativas de consolidarse en el próximo año. En este sentido, el medio era el mensaje; la principal virtud de la comparecencia de González era el mismo hecho de comnarecer.

El problema estriba en que la opinión pública y los agentes económicos perciban la situación como la percibe González y que se convenzan de que el presidente tiene razón. Es un problema de credibilidad que va más allá de los datos, indudablemente Ciertos, que manejó el presidente del Gobierno. Sin embargo, la primera reacción de los mercados a las declaraciones de González fue más bien de escepticismo. Y la situación política es tan preocupante que ya son muchos, y muy diversos, los sectores que piden o, la convocatoria, de elecciones o la dimisión del presidente.

En todo caso, es obligado que el presidente del Gobierno también aborde los temas que ahora inquietan a la ciudadanía desde la. tribuna más adecuada, que es el Parlamento. La comparecencia parlamentaria, hoy, del ministro Belloch para hablar del asunto de los GAL marca el camino a seguir, aunque González haya adelantado que la información de que dispone el Gobierno sea "parca". Por lo demás, es una ironía del destiño que sea el ministro que en su etapa de juez denunció con firmeza las acciones de los GAL el que deba pasar por el amargo trance, de acuerdo con sus actuales funciones, de dar explicaciones sobre el asunto. Pero el Parlamento y la opinión pública merecen todas las explicaciones posibles, por más exiguas que puedan ser, sobre asuntos tan graves.

El núcleo de lo dicho por Gonzalez ante los periodistas en relación con los GAL fue que la justicia siga su curso con toda independencia, anunciar que el procedimiento judicial no va a influir para nada en la acción del Gobierno, negar que este caso implique ningún tipo de responsabilidad política para su persona y su Gobierno.y descartar que la situación Creada exija su dimisión o el adelanto de las elecciones. Y ello, explicó, por respeto a las reglas de funcionamiento del Estado de derecho y en aras de la estabilidad política. Quienes, ingenuamente, esperaban que González fuera más lejos de lo que los jueces han ido hasta ahora se habrán sentido defraudados.

En este escabroso asunto, González parece haber confiado su suerte y la de su Gobierno en manos de la justicia, en la absoluta certeza de que "no hay pruebas ni las habrá" que puedan implicarles con la guerra sucia de los GAL. Sin duda, hay que estar muy seguros de que ello es así para apostar tan fuerte. Pero mientras la justicia no diga su última palabra. sobre los GAL no podrá evitarse que los ciudadanos se sientan incómodamente situados entre la credibilidad que les pide el presidente del Gobierno y la imposibilidad de conocer cuál será el resultado final de una investigación judicial todavía abierta.