Los consumidores podrán solicitar descuentos de hasta el 20% en los precios y servicios de tasas reguladas

La Ley del Descuento que prepara el Gobierno permitirá a los consumidores de productos y servicios con precios regulados solicitar descuentos de hasta el 20% del precio. Con esta disposición, Economía espera romper en la práctica el rígido sistema de precios fijos de algunos productos y servicios (farmacias, colegios profesionales ... ) sin entrar en un laberinto de cambios legales. La norma, que tendrá el rango de decreto ley, será enviada en las próximas semanas a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.El Gobierno ha preparado un decreto ley, conocido internamente como Ley de Descuento, que admite la posibilidad de descuentos y reducciones de precios en todas las tarifas de precios intervenidos por el Estado. La nueva norma establece además que la cuantía máxima del descuento será del 20% del precio en cuestión. En la práctica, el decreto ley, que en su redacción actual consta solamente de dos artículos, permitirá a los ciudadanos solicitar descuentos en los precios de los medicamentos que se expenden en las farmacias o pedir rebajas en el proyecto de un arquitecto; y, naturalmente, acudir a otra farmacia u otro arquitecto si el descuento no es admitido.

El descuento que implica el decreto ley es aplicable en principio a todas las tasas, precios o aranceles que estén regulados por el Estado. Pero lógicamente no tiene eficacia alguna en los casos en que un producto o servicio se distribuya en régimen de monopolio. Así, si bien es posible solicitar descuento en una farmacia, o a. un notario o procurador, carecería de sentido pedirlo, por ejemplo, en una bombona de butano. Igualmente, tendrá una importancia singular para los usuarios de las comunicaciones y telecomunicaciones, una vez que exista más de un operador.

A partir de esta norma, quedará roto el rígido sistema de tasas que imponen algunos colegios profesionales y gremiales y que, en la práctica, actúan como precios mínimos de remuneración.

Desde el momento en que puedan reducirse y exista competencia para ello, bajarán evidentemente los costes de los servicios y, en opinión de Economía, se producirá una reasignación importante de recursos.

Según las normas vigentes, las tasas, precios y aranceles de productos y servicios no pueden ser rebajadas; infringe la ley aquel farmaceútico, notario, procurador, arquitecto, etc. que perciba una remuneración por debajo de esos niveles.