La última bomba de Amedo y Domínguez

Michel Domínguez y José Amedo, ex policías condenados a 108 años por su implicación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), hicieron estallar su última bomba el viernes, 16, cuando nadie se lo podía imaginar. Esta vez en forma de una declaración explosiva ante el juez Baltasar Garzón -precisamente el magistrado cuyo ahínco les había llevado a prisión-, en la que denunciaban a sus antiguos superiores: el ex secretario para la seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex jefe del Mando único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez, el ex jefe superior de policía en Bilbao Miguel Planchuelo y el ex jefe de información de la brigada antiterrorista Julio Hierro. Los dos miembros más famosos de los GAL implicaron a sus jefes en la primera acción terrorista de este grupo: el secuestro del ciudadano español Segundo Marey, en 1983. Comparecieron voluntariamente, según su abogado, Jorge Manrique.Domínguez ya había realizado un amago de arrepentimiento en abril del año pasado. Su defensor informó a Garzón que quería declarar sobre este secuestro, la única causa abierta entonces en relación con los GAL, pero cuando llegó la hora de comparecer ante el juez se desdijo y manifestó que no quería testificar. Sin embargo, ambos, magistrados y condenado, conversaron informalmente largas horas con el abogado como único testigo. Nunca se reveló el contenido del encuentro, aunque se dio por supuesto que Domínguez buscaba convertirse en arrepentido.

Días más tarde, Amedo comparecía ante el fiscal general del Estado, entonces Eligio Hernández. La visita, gestada por Julián Sancristóbal, que acompañó al recluso, buscaba conseguir y agilizar los indultos de los dos ex policías. Mandos de Interior entendieron ambos encuentros como avisos de que la paciencia de los dos condenados por la guerra sucia anti ETA llegaba al límite: exigían el indulto.

En agosto de 1993, cuando Garzón se encontraba fuera de la carrera judicial y desempeñaba el puesto de delegado del Plan Nacional sobre Drogas, el juez Carlos Bueren interrogó a los dos agentes. La causa se reactivó por una denuncia de la fiscalía para evitar que los delitos prescribieran.

De esta comparecencia cabe extraer una conclusión. El sumario contenía muy endebles indicios contra Domínguez y Amedo. Jean-Pierre Echalier y Mohamed Talbi, dos de los mercenarios que intervinieron en el secuestro de Marey, sólo testificaron que, tras el secuestro, se entrevistaron en un lujoso hotel de Bilbao -presumiblemente el Ercilla- con dos hombres, quienes les indicaron que se habían equivocado de víctima, pese a lo cual recibieron 10.000 francos cada uno. Uno de los interlocutores españoles, añadieron, decía llamarse Pepe. También declararon que un grupo de policías españoles acudió al paso fronterizo de Dantzarinea a hacerse cargo del rehén, una vez que llamaron a sendos teléfonos del Gobierno Militar y de la Brigada de Información de Bilbao. En su poder se halló anotado, al lado del teléfono policial: "Pepe".

El elemento crucial era averiguar quién era el Pepe del hotel Ercilla. El juez Manuel García Castellón, que asumió el caso durante la aventura política de Garzón, intentó localizar a todos los mercenarios franceses para promover una comisión rogatoria con el fin de interrogarles y mostrarles fotos de Domínguez y Amedo. No pudo ser. Las autoridades francesas nunca lograron localizarles.

Amedo y Domínguez parecían estar a cubierto. Pero en enero de 1994, Antoni Asunción, entonces ministro del Interior, propició la salida del departamento de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Con ello, Amedo y Domínguez perdían a su último valedor en Interior, labor que Vera -que manejaba el grueso de los fondos reservados- decía asumir "por responsabilidad de Estado". El abogado de ambos condenados ratifica que desde entonces se rompieron todos los hilos y contactos con el ministerio.

En julio de este año, en medio de una tormenta política y acusaciones al Gobierno de comprar su silencio, los dos presos obtuvieron el tercer grado, lo que les ha permitido regresar a la cárcel sólo a dormir. El premio, sin embargo, lo consideraron insuficiente. Prendía la desmoralización. Además, ese mismo mes les llegaba una nueva bofetada: el anuncio de que se estudiaba embargar sus sueldos para pagar a las víctimas de los GAL. Hoy cobra valor un dato que en octubre pasó inadvertido. Amedo y Domínguez se ven comiendo las uvas de la ira un año más, pese a aquella esperanzadora declaración oficial: "El Gobierno se pronunciará sobre el indulto antes de fin de año". El Ejecutivo les había vuelto a traicionar. Es pública y notoria, desde mayo, la oposición del actual equipo de Interior a concederles el perdón.

¿Explica esto la última actuación de Amedo y Domínguez? Su abogado rebate cuatro argumentos para insistir en que sus clientes dieron este paso "libre y espontáneamente". No había "temor jurídico", dice, a supuestas incriminaciones nuevas en el sumario Marey, no temían perder el tercer grado, no actuaron motivados por Mario Conde y tampoco lo hicieron en conexión con un medio periodístico [El Mundo, al que Garzón pidió colaboración].

Este letrado, sin embargo, deja en el aire dos interrogantes. ¿Ambos temen que la investigación abierta en Suiza aflore y neutralice sus depósitos bancarios procedente de los fondos reseirvados? ¿El actual equipo de Interior les ha cortado el flujo económico, vía fondos reservados y esto les ha puesto en el disparadero? Un ex alto cargo de Interior reconoce que ha habido pagos regulares a ambos condenados; Vera y otros cargos prefieren no pronunciarse.