Hacienda someterá a autorización previa los nuevos productos financieros para atajar el fraude

La salida al mercado de nuevos productos financieros estará sometida, por primera vez, a la autorización previa del Ministero de Hacienda. Ésta es una de las 207 medidas de lucha contra el fraude que ayer anunció el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, durante tul debate en el Congreso. Se trata así de evitar refugios para el dinero negro como los seguros de prima única, las cesiones de crédito y, más recientemente, los Lavados de cupón. Hacienda someterá también a mayor Control a empresarios y profesionales y creará una especie de NIF para inmuebles.

El informe sobre el fraude fiscal, elaborado este año por un grupo de expertos dirigido por Manuel Bravo, es el punto de partida de este plan de lucha contra el fraude. De las 259 propuestas del informe, Hacienda ha seleccionado 207 con especial incidencia en el sector financiero, el inmobiliario, empresarios y profesionales y el impuesto sobre el valor añadido. El plan como tal será aprobado en breve por el Gobierno, aunque su desarrollo será progresivo.Algunas de las reformas previstas ya están en marcha y sólo les falta su aprobación por el Parlamento. Se trata de la nueva regulación del delito fiscal, la modificación parcial de la Ley General Tributaria o la ley que acompaña a los Presupuestos de 1995. La reforma del impuesto de sociedades -que incide en las sociedades transparentes, la compra de empresas en pérdidas o la evasión fiscal internacional- será aprobada próximamente por el Consejo de Ministros.

Salvar lagunas

El núcleo duro del fraude se encuentra, según Hacienda, en el sector financiero, el inmobiliario, pequeños empresarios y profesionales y el IVA. En el sector financiero, la medida más novedosa consiste en que Hacienda someterá a autorización previa a los nuevos productos para "dejar claro desde un principio cuál es su tratamiento desde el punto de vista fiscal", según explicó Martínez Robles. Con ello se persigue salvar de antemano las lagunas legales que han permitido la comercialización de las primas únicas y las cesiones de créditos y las operaciones de lavado de cupón.

En el sector inmobiliario, Hacienda quiere utilizar la referencia catastral -que aparece en los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles- como un código único que permita seguir todo lo que ocurra con fincas, pisos, locales, etcétera. Esta medida es fundamentalmente de control y persigue unificar toda la información disponible al respecto ya que en la actualidad se encuentra dispersa.

Se obligará, por ejemplo, a notarios y registradores a utilizar este código en las compras y ventas de inmuebles y también a presentarlo cuando se contrate el recibo de la luz, del teléfono o del agua. Será algo muy parecido a un número de identificación fiscal (NIF) para inmuebles.

En cuanto a los pequeños empresarios, el plan propone el estudio de algunas medidas aunque no avanza soluciones concretas. Por ejemplo, que el sistema de módulos se limite verdaderamente a los pequeños empresarios. Este sistema permite a los empresarios que tengan menos de 12 trabajadores -varía un poco según sectores- tributar en el impuesto sobre la renta y en el IVA de acuerdo con unos baremos objetivos. No necesitan, por ello, guardar facturas ni llevar contabilidad. Sin embargo, hay empresas y sectores que son muy intensivos en mano de obra y tienen gran volumen de negocio. Hacienda considera ahora que estos empresarios deben salir de módulos y llevar contabilidad a efectos de un mayor control.

Cuentas especiales

Otra medida en estudio consiste en que los empresarios individuales y los profesionales separen en una cuenta corriente aparte de la suya personal todas las operaciones derivadas de su negocio. También es una medida de control, aunque más difícil de aplicar en la práctica.

Durante el debate parlamentario sobre el fraude fiscal que ayer se celebró en el Congreso a petición del Grupo Parlamentario Socialista, Martínez Robles pidió a las fuerzas políticas un esfuerzo unánime en la lucha contra el impago de impuestos. No cuantificó el volumen de fraude, a pesar de que un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales -dependiente de Hacienda- lo cifró en tres billones de pesetas.