La integración de España en la política pesquera común avanza con dificultad

No había acuerdo. La reunión, suspendida a la hora del almuerzo, se retomó a las siete de la tarde, y luego a las once. A la 1.30 de esta madrugada aún seguía. Los contactos bilaterales naufragaban en farragosos tecnicismos. El acuerdo para integrar a España y Portugal en la Política Común de Pesca (PCP) avanzaba a trompicones. Una nueva propuesta para controlar el esfuerzo pesquero de cada Estado hacía renacer las esperanzas. El Consejo de Pesca prometía más nocturnidad y una prórroga para hoy.

La sesión de la mañana resultó infructuosa. En una ronda desarrollada por orden alfabético se evidenció aún más algo que ya estaba claro: las distancias entre unos y otros resultaban insalvables. España reiteraba su voluntad de no quedar discriminada en el nuevo reglamento de la PCP, tal como se había acordado el pasado marzo y como había refrendado el Consejo Europeo en su reunión de Essen.El ministro de Agricultura y Pesca español, Luis Atienza, ni siquiera tuvo que recordar que de la integración de España en el régimen común de pesca depende que Madrid deposite a tiempo los instrumentos de ratificación de la ampliación nórdica (Austria,-Finlandia, Suecia). Aunque tarde, toda la prensa internacional pareció haber creído la advertencia. Durante todo el fin de semana realizó un despliegue explicativo.

Enfrente, ni los británicos ni los irlandeses movían pieza. Se aferraban al primer documento de la presidencia en lo relativo al Irish box. Este pretendía reservar una parte del box irlandés, la zona 7A (situada entre las dos islas), para las pesquerías tradicionales, y para el resto proponía una introducción progresiva de barcos españoles (23 en 1996, 35 en 1997) , lo que los españoles consideraban discriminatorio, porque sólo aludía a límites para la flota española y no para otras. Londres y Dublín también estaban en contra de implantar más controles a sus propias flotas. El Reino Unido proponía incluso aumentar la zona sensible del Irish box a Cornualles, la zona 7G.

Francia, temerosa

Lo peor era que Francia, temerosa de la potencia de la flota española, quería reinterpretar los baremos del esfuerzo pesquero. La alianza práctica -aunque no en todos los motivos de disputa- de Londres, Dublín y París suponía una minoría de bloqueo. La reunión se suspendió a la hora del almuerzo, para abrir paso a entendimientos bilaterales. Una nueva propuesta de la presidencia alumbró a las 19 horas alguna esperanza, a considerar en nuevas bilaterales. A la 1.30 de la madrugada aún seguía la discusión.

La nueva propuesta de la presidencia consistía en que cada Estado mediría -según el principio de subsidiariedad- su propio esfuerzo pesquero, mediante un plan a revisar por la Comisión el próximo 16 de mayo, sobre el cual el Consejo se pronunciaría el 30 de junio. ¿Con qué criterio?. "Respetando plenamente el principio de la estabilidad relativa", es decir, sin aumentar las capturas.

Otro de los temas polémicos era el del acceso a los caladeros según las esloras. Al final del debate, España y Francia -aliadas en este asunto- consiguieron imponer la igualdad del tamaño de los barcos para el acceso a todas las pesquerías comunitarias. Se fijó en diez metros la eslora mínima a partir de la cual los barcos serán controlados al entrar en cada área de pesca.

En cuanto al Irish box, habían desaparecido del último documento algunas de las limitaciones impuestas al acceso de la flota española (23 buques en 1996 y 35 en 1997). Pero no todas. Según el texto de componenda, los esfuerzos "deberán limitarse al nivel de la actividad actual de los buques de todos los Estados miembros menos los de pabellón español". A la 1.30 ya eran 35 barcos españoles en 1995. Las posiciones todavía estaban distantes. Y se seguía estirando de la cuerda. Luis Atienza lo había previsto: "La noche será larga". Y su homólogo francés, Jean Puech: "El asunto avanza, la solución, mañana". O sea, hoy.