El director regional de Empleo dimite por el 'caso 'Ibercoop'

Viene de la página 1La dimisión de Navarro, no obstante, se ha adelantado justo al momento en que el PSOE, en el que milita desde 1990, ha perdido la confianza en su capacidad, como aseveró ayer la portavoz de este grupo en la Asamblea, Dolores García Hierro.

García Hierro afirmó, asimismo, que a esta conclusión llegaron tanto los dirigentes del Grupo Socialista en la Asamblea como el propio consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, en una reunión que mantuvieron en la noche del pasado jueves. Fernández Noriega había considerado hasta ahora que Navarro no sólo era inocente, sino que llegó a considerar positiva su gestión.

Precisamente sobre este punto de partida argumental construyó su defensa de ayer el propio Navarro. El entiende que las irregularidades -observadas en la tramitación de los programas de subvencione de su dirección. tanto por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Comunidad, la Secretaría General de su Consejería y la propia Dirección de Empleo- son "insignificantes" ante el volumen de trabajos que se estudiaban y en relación con los pocos funcionarios que tenía y a su escasa formación económica. Navarro precisó, en este sentido, que el programa de asistencias técnicas citado representaba únicamente el 5% del presupuesto anual de su departamento.

En este punto aportó una especie de memoria de la Dirección de Empleo durante su mandato. Navarro señaló que en esos años se gestionaron 6.959 expedientes en un total de 86 reuniones de trabajo con la presencia de representantes de los sindicatos, la patronal o los vecinos. El director de Empleo sostiene que los posibles "errores o anomalías" comprobados son "infinitamente relativos". Porque Navarro sólo admite problemas en los 69 millones de pesetas de asistencias técnicas concedidos sobre los 15.000 millones tramitados por su dirección en este periodo.

Incluso para ese escaso porcentaje de errores asumido por Navarro, éste halló justificaciones ante la Asamblea. La primera que relató se la achacó a que nadie les había avisado sobre el funcionamiento de ese grupo de empresas. La segunda, a que las anomalías luego observadas "no eran detectables fácilmente", y para recalcar esa complejidad rescató la definición que de la trama había efectuado por otro lado el interventor general de la Comunidad como un "poliedro".

Juan Navarro explicó esos errores por un "exceso de confianza" y una "relajación" del técnico encargado de revisar los informes que justificaban las subvenciones ante la gran cantidad de trabajo que tenía que realizar. El técnico en cuestión era José Bravo Bravo, que precisamente había sido socio de Navarro en la fundación de la cooperativa Ibercoop. La Dirección de Empleo le contrató para supervisar esos estudios. Navarro dijo ayer que Bravo tramitó en 1991 más de 500 expedientes. A pesar de esa supuesta relajación, Navarro apostilló que Empleo sólo fue capaz de conceder el 40% de las subvenciones previstas.

El director de Empleo admitió a continuación que, efectivamente, muchos de esos estudios eran "simulacros" o fardos de hasta 400 fotocopias iguales entre sí, pero se desmarcó de cualquier culpabilidad al comentar que a esa conclusión se puede llegar ahora a posteriori y que debía de ser la Intervención General de la Comunidad el órgano que tenía que controlar esas irregularidades.

Navarro insistió ayer en que no ha habido trato de favor a esas empresas, sino "engaño desde fuera a la Administración". Del cúmulo de errores, anomalías o irregularidades abordadas ayer sólo una recabó la unanimidad en la crítica hasta del propio Juan Navarro. Se trata del convenio suscrito en 1991 con la Asociación Empresarial del Comercio y la Industria del Metal (AECIM), entidad que encargó unos estudios a Ibercoop y luego los avaló como buenos, aunque consistían en meras fotocopias de libros (véase EL PAÍS del jueves). Navarro dijo ayer que ese programa consistía en que la consejería aportase 86 millones, sobre un total de 171; el resto debía sufragarlo AECIM. Como no lo hizo, Navarro cree que la Comunidad debe exigir ese dinero.

Mientras la portavoz de IU, Teresa Nevado, y el del PSOE, Juan Antonio Barrio, se conformaron en principio con la dimisión de Navarro; la del PP, Carmen Álvarez Arenas, elevó una posible responsabilidad también hacia el consejero.