El Tribunal de Justicia de Cataluña investigará al consejero Subirà

El Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) investigará la documentación remitida por un juzgado de Barcelona sobre un supuesto cohecho del consejero de Industria, Antoni Subirà. La Sala del TSJC admitió ayer a trámite las diligencias abiertas y ha nombrado instructor al magistrado Jesús Corbal, que tomará un decisión al respecto él sólo, sin necesidad de reunirse con los demás magistrados, para que la "sala no quede contaminada", según manifestó ayer Guillem Vidal, presidente del TSJC.El Tribunal de Justicia de Cataluña ha tomado la decisión de admitir a trámite el caso tras haber recibido respuesta a las dos providencias enviadas al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat en las que se solicitaban las fechas desde las que Subirà ocupa los cargos de diputado y consejero, respectivamente.

El magistrado Jesús Corbal decidirá si abre o no un procedimiento contra Subirà tras analizar el expediente de 500 folios remitido por el juzgado de Instrucción número 19, que se inhibió de las diligencias por la condición de aforado del consejero.

Presunto cohecho

El presunto cohecho está relacionado con la liquidación de una deuda de 58 millones de pesetas correspondiente a un aval concedido por la Generalitat en diciembre de 1981 a Subirá y Cía, empresa perteneciente a la familia del conseller. El aval concedido era de 45 millones y garantizaba créditos bancarios por este valor. Los créditos fueron impagados y la Generalitat acabó haciéndose cargo de la deuda. Después la empresa quebró, elevándose la deuda, incluidos los intereses, a 57 millones de pesetas.

Ocho años más tarde, en 1989, Inversiones y Negocios Inmobiliarios liquidó esta deuda a través de la sociedad Frisolca SA, la cual había sido adquirida por Ramón Torrellas cuñado de Subirà. Sin embargo, el dinero procedía de Inversiones y Negocios Inmobiliarios propiedad de la familia Masop Felip, propietaria de varios inmuebles del polígono Mas Blau. El juez que investigó inicialmente el caso relacionó la liquidación de la deuda con la recalificación de terrenos en el Polígono Mas Blau.

Según el magistrado, la recalificación "reportó presuntamente a sus propietarios importantes plusvalías". El auto precisa que todo ello, "sin perjuicio al derecho de presunción de inocencia", apunta "indiciariamente alguno de los tipos de cohecho". Subirá negó que la Generalitat recalificará los terrenos y afirmó que lo hizo en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Por otra parte, Ernest Sena, director general del Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Generalitat, ha solicitado a la Sindicatura de Cuentas que audite la gestión de este organismo durante los ejercicios 1993 y 1994. Se da la circunstancia de que el diputado del PP Josep Curto inició ayer, tras superar diversas trabas, un estudio de las actividades del ICF.