Carlos Sotos declara ante Moreiras que el Gobierno conocía los problemas de PSV y no intervino

Carlos Sotos, ex máximo responsable de IGS y PSV, declaró ayer ante el juez Miguel Moreiras que el Gobierno conocía las dificultades financieras por las que pasaba la cooperativa de viviendas ligada a la UGT desde el año 1992, pero que no intervino por razones políticas. Sotos, que hoy reanuda su declaración, rebajó el tono de sus acusaciones contra UGT, según algunos de los asistentes. En medios jurídicos se especulaba ayer con que Sotos podría quedar en breve en libertad bajo fianza. El ex presidente de IGS y de la aseguradora Unial aseguró que desde finales de 1991 mantuvo junto con otros responsables de la cooperativa varias entrevistas con Narcis Serra y otros altos cargos del Gobierno para informarles de la crítica situación que atravesaban debido a que el ICO y los bancos no les concedían los créditos con los que construir las viviendas.Precisamente y debido a esas negativas, Sotos declaró ayer que se había dirigido a Nicolás Redondo, anterior secretario general de UGT, para instarle a que realizase gestiones ante el presidente del PP, José María Aznar, y que éste a su vez intercediese ante el Ayuntamiento de Madrid para conseguir licencias.

El presidente de IGS, Valeriano Gómez, afirmó ayer que ya se han conseguido acuerdos de segregación para el 70% de las 12.346 viviendas de IGS y PSV. El proceso, según Goméz, sigue un buen ritmo y también se ha comenzado la transmisión de activos a esas cooperativas segregadas. Una vez concluido este paso, se solicitarán los créditos hipotecarios para finalizar las viviendas. Ya se han escritado algunas promociones en la notaría de Félix Pastor Ridruejo.

Ayer finalizaba el plazo para que los interventores de la suspensión de pagos emitieran su dictamen sobre el desfase patrimonial en IGS. Aunque aún no disponían de él en IGS, Valeriano Gómez reconoció que se situaba en torno a los 15.000 millones, "tal y como habíamos calculado". Una vez se reciba el dictamen, se comenzará a trabajar en el convenio de acreedores que no estará listo "antes de tres meses". El dictamen sobre la suspensión de PSV no estará hasta el 15 de enero.