Leguina mantiene al director de Empleo pese a la auditoría pública

Juan Navarro, director general de Empleo de la Comunidad, mantendrá el cargo pese a los informes que censuran su gestión. Navarro participó ilegalmente en la concesión de dos subvenciones públicas (15,9 millones de pesetas) a la empresa Ibercoop, de la que había sido socio fundador, según concluye el informe del Tribunal de Cuentas (véase EL PAÍS de ayer).Pero Joaquín Leguina, presidente regional, no piensa destituirle hasta conocer las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga su gestión. El departamento que gestiona el director general de Empleo adjudicó 40 subvenciones por más de 235 millones de pesetas al grupo Ibercoop, compuesto por 12 empresas, entre los años 1989 y 1991.

Los fundadores de estas empresas mantuvieron estrechas relaciones con Juan Navarro unos años antes, según denuncia el Partido Popular.

"El Gobierno regional tendrá que escuchar todas las voces, y la más autorizada en este caso, por lo menos para nosotros, es la de los componentes de la comisión investigadora, que tendremos que ver qué deciden antes de tomar ninguna iniciativa", declaró ayer el presidente madrileño, Joaquín Leguina, a Efe.

Por su parte, el Partido Popular considera que las conclusiones del Tribunal de Cuentas demuestran las irregularidades cometidas por Juan Navarro y desconocen los motivos por los que los dirigentes regionales no firman la destitución del director general. "No podemos entender cómo se le puede mantener en un cargo público y, además, preparando un presupuesto para el próximo año de 9.000 millones de pesetas", señaló la diputada popular Carmen Álvarez Arenas. El PP considera suficientemente probado que Juan Navarro mintió cuando dijo que Ibercoop era una empresa de nueva creación con la que no había tenido ninguna relación.

Un cargo a la medida

El Tribunal de Cuentas también se refería en su informe sobre la gestión de la Comunidad en 1991 a José Bravo Bravo, técnico de la Dirección de Empleo y antiguo compañero del director general en la empresa Ibercoop. Según los auditores públicos, José Bravo Bravo evaluó las solicitudes de subvenciones de su antigua empresa, algo que el Tribunal considera irregular.El Partido Popular aportó ayer más datos para demostrar que Bravo Bravo consiguió plaza en la Consejería de Economía porque los baremos de selección se hicieron a su medida.

Entre las pruebas facilitadas por el Grupo Popular figura un certificado que aportó Bravo Bravo sobre su conocimiento del programa informático Oracle. Era el único de los candidatos que había acreditado un curso de esta especialidad que, según el PP, había finalizado justo antes de convocarse la plaza.