Lo que sugiere Fraga
POR TRES veces en una semana, Manuel Fraga se ha mostrado favorable a una especie de borrón y cuenta nueva respecto a la financiación irregular de los partidos. Su argumento principal es que, si no se pone algún límite a la determinación de responsabilidades, podría llegarse a una situación "a la italiana" con riesgo para las instituciones. Aunque se trata más de reflexiones que de propuestas concretas, las palabras de Fraga suponen el reconocimiento implícito de que el problema afecta a todos los partidos, incluyendo el suyo. Lo contrario de lo que pretenden Aznar y el equipo que. actualmente dirige el PP.Según el fundador de ese partido, entre el modelo francés y el italiano es preferible el primero: mejor una amnistía, seguida de una reforma legal y un compromiso renovado de respeto de la norma, que la liquidación de toda la clase política. El argumento es polémico. De entrada, es impresentable que los políticos puedan erigirse en juez y parte de su propia causa utilizando su condición de cuerpo legislador para autoexculparse. La ciudadanía francesa reaccionó con enorme contrariedad a la autoamnistía de sus políticos y es prácticamente seguro que la respuesta española sería aún más virulenta. Pocas decisiones pueden desprestigiar más a unos políticos que no están sobrados de crédito social.
Pero una amnistía por lo demás, legalmente inviable como tal- es también discutible desde criterios de eficacia: el compromiso de pasar de página no acabó en Francia con las prácticas del pasado. Así lo prueban los recientes escándalos que han afectado a tres ministros de Balladur y a medio centenar de dirigentes políticos y empresariales investigados por hechos relacionados con la financiación irregular.
En España es impensable cualquier intento de hacer tabla rasa en el aspecto penal. Porque hay -varios casos en los tribunales, y no es posible interferir desde el Parlamento en sus decisiones. Pero también porque no hay garantías de que las prácticas que están detrás de los escándalos más notorios Naseiro y Filesa en cabeza, pero también Casinos, tragaperras y otros no sigan produciéndose ahora, aunque quizá con métodos más sofisticados de encubrimiento. La reitera da advertencia de Borrell- a los empresarios de la construcción, tres o cuatro años después de que! lo hiciera por primera vez, equivale a reconocer un fracaso: que desde las. administraciones públicas se siguen exigiendo comisiones, y éstas se justifican por las necesidades de financiación de los partidos. Pero si ello es así, lo que urge es un pacto entre: todos los partidos que permita dar una respuesta conjunta al problema, incluyendo la determinación de las responsabilidades políticas exigibles. Un compromiso de juego limpio proyectado al futuro sólo es posible sobre la base de la unanimidad en el diagnóstico; pero ello implica aceptar de entrada que todos se han financiado de manera irregular. Arzalluz y Roca lo han admitido (le manera más o menos abierta. Indirectamente lo ha hecho Pujol. Ahora lo hace Fraga. La cautela con que se ha expresado no oculta la evidente contradicción entre sus palabras y la actitud de la actual dirección del PP, que sigue negando que exista un caso Naseiro y que pretendió que la comisión parlamentaria sólo investigase el caso Filesa. Sólo desde ese reconocimiento común pueden sentarse las bases de un sistema de financiación que, a partir de una transparencia total, impida las prácticas del pasado, que mucho nos temernos que siguen formando parte del presente.
