El corazón de los fiscales

"Los que enviamos el escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional ofreciéndonos para aclarar las probables imputaciones hemos recibido la querella como premio. La lista de los querellados coincide, salvo dos nombres, con la de aquellos que decidimos dirigirnos a la Audiencia", dijo ayer no sin humor uno de los afectados. El 4 de noviembre el representante legal de Mario Conde, Arturo Romaní, Enrique Lasarte, César de la Mora, Vicente Figaredo, Rafael Pérez Escolar, Antonio Sáez de Montagut y Ramiro Núñez, pidió a la fiscalía que se recibiera, antes de tomar una decisión, a los citados ex ejecutivos y ex consejeros. Ellos, más el que fuera consejero y director general, Martín Rivas, y el entonces director general, Fernando Garro, son los diez acusados.Una fuente judicial próxima a los querellados aseguró ayer que la información de que disponían la semana pasada era que en la junta de fiscales de la Audiencia Nacional existía una posición favorable a recibir las explicaciones que los ocho ex administradores ofrecían. Otra fuente aclaró que la paciente labor de Maríano Gómez de Liaño, abogado de Conde, entre los fiscales le daba elementos para pensar que si se sometía a votación la presentación o no de la querella, cuyo resultado nunca es vinculante, posiblemente la iniciativa hubiera triunfado por un solo voto. 1En esas condiciones, Gómez de Liaño pensaba que no se atreverían a presentar la querella", dijo la fuente.. Las artes de Gómez de Liaño entre los fiscales no son un secreto. Es su hermano Javier, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien, según lenguas viperinas, el que ejercería cierto poder de atracción.

En la reconstrucción se ha podido confirmar que la oferta de los ocho ex administradores llegó en un momento en que el día D para la presentación de la querella estaba fijado: el 9 de noviembre. Precisamente, el ardid jurídico de los asesores de Conde interceptó ése plan, introduciendo el debate apuntado sobre si recibir o no las explicaciones ofrecidas. Finalmente, el fiscal jefe, José Aranda, y el fiscal de delitos monetarios, Florentino Orti, se decidieron por cumplir el plan inicial con el retraso de unos días.

Ayer, Mario Conde ratificó que su defensor será el bufete de Gómez de Liaño, Asesores en, Derecho, que cuenta en su plantilla con tres fiscales excedentes. Uno de ellos es Antonio González Cuellar, antiguo vocal del CGPJ, que ya ha asumido la defensa del ex presidente de Banesto en el caso Argentia, en las diligencias del juez Miguel Moreiras sobre el pago de 600 millones a la citada sociedad de Saint Vincent (Antillas Holandesas). Liaño es un hombre clave en la estrategia de Conde. Pero a sus puntos fuertes se suma uno muy débil: es representante de varias empresas del ex presidente de Banesto; ha participado en la operación presuntamente fraudulenta de la compraventa del edificio de Fernando el Santo, de la sociedad Promociones Hoteleras; y finalmente, en el affaire Isolux -plusvalías de 3.800 millones-, Gómez de Liaño, según Conde, entregó al Banco de Progreso una carta de garantía firmada por la sociedad Asebur Inversiones, que pertenece al ex presidente de Banesto, para solicitar un préstamo a favor de la instrumental Valyser, con el que realizó la inversión. Hubiera sido candidato a querellado.

La importancia de las actuaciones del juez García-Castellón en el caso Banesto, como las de Aguirre en el caso De la Rosa, es que se han colocado ante una tarea histórica: la de devolver una reputación mínima al. funcionamiento de las instituciones económicas y jurídicas en éste país. No se trata que sean ellos quienes resuciten a Hobbes. Pero entre la idea de que uno debería poder confiar en el otro y la realmente existente de que hoy día uno no puede confiar en nadie, quizá se logre encontrar un punto intermedio.