Los españoles del 96

La derrota de Enrique Barón para encabezar la Unión Europea Occidental (UEO), el "pilar europeo de Defensa", ha su puesto un grave revés para la diplomacia española. Este fracaso se añade al mal sabor de boca que deja el empate -a 12 votos- del candidato a defensor del pueblo europeo, Álvaro Gil-Robles, con el alemán Siegbert Alber: hasta diciembre no habrá decisión. Un examen de las elecciones en la Unión Europea (UE) a las que concurren candidatos españoles indica que resultan más dificultosas cuando están teñidas de política gubernamental o de partido. Y que se cosechan más éxitos cuando el factor personal es prioritario.El revés de la UEO y el bloqueo temporal del Defensor ensombrecen, pero no deben ocultar una novedad importante: en las últimas semanas ha aumentado la presencia española en las distintas instituciones e instancias comunitarias hasta un nivel desconocido, aunque siga siendo relativamente modesto. Es un fenómeno importante con vistas a influir en el diseño de la Europa ampliada del siglo próximo, en la que España pesará menos económica y demográficamente. Ese diseño tiene su cita más inmediata en la Conferencia Intergubernamental de 1996, que debe revisar el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992.

En las últimas semanas se ha registrado, junto a un fracaso y un empate, un doble éxito. El catedrático asturiano Gil Carlos Rodríguez-lglesias fue elegido presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, en una apretada votación frente al candidato italiano, Federico Mancini, quien ya había descontado públicamente su victoria. Iglesias es un jurista inclinado hacia un federalismo flexible que no desdeñe la importancia de las realidades nacionales y el creciente papel de los ciudadanos. Ganó a pulso personal la elección en la institución más antigua de la UE, bastante impermeable a las influencias políticas de los Estados miembros. De ella depende el control jurídico de la aplicación del derecho comunitario y, la elaboración, de una línea coherente de interpretación de los tratados, algo esencial en estos momentos, en que la UE se amplía hacia el Norte y el Este y se apresta a revisar sus textos fundamentales.

Frente a la institución veterana está el órgano benjamín del entramado comunitario, el Defensor del Pueblo, creado por el Tratado de la Unión. Las expectativas de Álvaro Gil-Robles decaerán si el partido socialista, que lo patrocina, no logra llegar a un pacto con algún otro grupo, singularmente con el Partido Popular Europeo, como ha hecho en España para el mismo cargo en el ámbito interior.

De forma parecida a Rodríguez-Iglesias -es decir, apoyándose principalmente en su ejecutoria personal-, el antiguo patrón de las patronales española (CEOE) y europea (Unice), Carlos Ferrer Salat, se hizo recientemente con la presidencia del Comité Económico y Social (CES). Y además por goleada, al vencer a su directo rival, el holandés Phillippe Noordwal, por 149 votos contra seis (y cuatro abstenciones). El CES, de carácter consultivo, persigue "hacer oír la voz de los organismos intermedios de la sociedad civil en la construcción comunitaria", como reitera su nuevo titular. Y deberá hacerlo preceptivamente para la reforma de 1996.

Estas elecciones se suman a otra menos reciente a una institución creada también, como el Defensor del Pueblo, por el Tratado de la Unión: el Comité de las Regiones, que ha incorporado formalmente a regiones y municipios a la Europa en construcción. Su vicepresidente, el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, accederá a la presidencia en el segundo semestre de 1996, al concluir la primera parte del mandato actual. Ello será así en virtud de un acuerdo -fraguado por los necesarios equilibrios entre familias políticas y entre regiones y municipios- con su actual titular, el republicano francés Jacques Blanc.

El comité será consultado para el diseño de 1996. En su preparación intervendrá un nutrido número de españoles. La Conferencia Intergubernamental, cuyos primeros trabajos se concretarán en el segundo semestre de 1995, bajo presidencia de España, tendrá a un ciudadano de este país como presidente del grupo ad hoc, puesto para el que suena el secretario de Estado, Carlos Westendorp.

Fernando Morán, en su calidad de presidente de la Comisión Institucional del Parlamento Europeo, influirá en la preparación de la conferencia. Pero de forma indirecta: los redactores del preceptivo informe de la Cámara ser4n seguramente el francés Jean-Louis Bourlanges (PPE) y el escocés David Martin (PSE); los miembros que el Parlamento aportará al grupo de trabajo, el alemán Elmar Brok (PPE) y la francesa Elisabeth Guigou (PSE).

Marcelino Oreja, comisario de Asuntos Institucionales, expresamente encargado del horizonte 1996 en la comisión Santer, podrá constituir, con el presidente del grupo de trabajo, la fuerza de choque en esta empresa. Sus tareas: dibujar la Europa a una o varias velocidades, ampliada pero no diluida; reconsiderar los mecanismos obstruccionistas de la profundización por un solo Estado (el veto); reequilibrar las mayorías cualificadas en función del peso real de los países; simplificar los esquemas jurídicos; dotar de mayor contenido democrático a las instituciones y dar más fluidez a sus relaciones mutuas.

El reparto de responsabilidades en la Comisión otorgó a Marcelino Oreja las competencias institucionales. Y a Manuel Marín, sólido candidato a renovar la vicepresidencia, dos áreas de preferente proyección española (Mediterráneo, América Latina), pero también de incipiente interés comunitario para completar la orientación al este de la UE, en dirección sur. Sólidamente asentados el miembro del Tribunal de Cuentas, Antoni Castells, y los directores generales, del Parlamento, Carmen Gómez de Enterría y Gregorio Garzón, queda ahora pendiente, además de la elección del defensor, la promoción de segundos cargos en la Comisión y el Consejo.

Para ello no es suficiente la calidad de los candidatos españoles. Se precisa una agresiva -y coordinada- estrategia gubernamental, al estilo de la que practican el. Foreign Office y el Quai d'Orsay. El fracaso de la UEO demuestra la insuficiencia de los métodos tradicionales de la diplomacia y la política españolas. Y seguramente también la menor cotización exterior del país a causa de los casos de corrupción del área gubernamental y de la estrategia de acoso y derribo intermitentemente esgrimida por la oposición. Pecados que otras diplomacias más veteranas aprovechan sutil pero eficazmente.

E n los cargos de segundo nivel de la Comisión -pero de primer orden, pues un director general manda a veces tanto o más que su comisario- se mantiene el director general de Política Regional, Eneko Landáburu, que absorbe además el Fondo de Cohesión. Y debe ocuparse la dirección general de Asuntos Sociales, de bandera española, pero patéticamente vacante desde el tristemente episodio Segismundo Crespo, el funcionario que no sabía francés (ni inglés). Tres nombres suenan: Francisco Fernández Fábregas (un centrista de prestigio hoy alto funcionario en el Consejo: de trasladarse, habría que cubrir su actual puesto), Fernando Mansito (hoy director general adjunto de Agricultura y uno de lo s pioneros, pues formó parte del equipo de negociación para la adhesión) y Santiago Gómez Reino (que encabeza la Oficina de Ayuda Humanitaria). Pero hay demasiadas instancias españolas que intervienen en el asunto, y los mensajes se entrecruzan.

La posible jubilación del tercer alto funcionario español en la Comisión, el conservador Eduardo Peña Abizanda, hoy inspector general de servicios -un cargo directamente dependiente del presidente-, supondrá probablemente la pérdida de este cargo para los españoles, al tratarse de un puesto fuera de cuota y dada, la necesidad de abrir espacio administrativo a los países de la ampliación nórdica. Así que habrá que buscar compensaciones por la vía de cargos de menor nivel. Algo que la voluntariosa diplomacia española tiene, por desgracia, poco ensayado, a diferencia de los otros grandes países.