De la Serna: "Hay que difundir todas las noticias verdaderas y relevantes"

Desde seis meses y un día hasta dos años y cuatro meses. Esto será el tiempo de condena para periodistas que divulguen hechos descubiertos a través de escuchas ilegales, aunque no intervengan en ellas, si el Senado ratifica la proposición de ley aprobada recientemente por el Congreso. Frente al consenso de la clase parlamentaria para acordar esa penalización, el presidente de los periodistas, Jesús de la Serna, lo tiene claro: un hecho "veraz, relevante y de indiscutible interés" debe ser difundido, aunque haya sido conocido por alguien que lo obtuvo de forma ilícita."Publicar lo que es verdad y relevante, lo que es de indiscutible interés para la opinión pública, está en la esencia misma del periodismo y responde al derecho fundamental de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión", afirma De la Serna. "La obligación del periodista es saber qué de importante pasa y contarlo; si el conocimiento de esto le llega de manos que lo han obtenido de forma ilícita, la noticia no pierde veracidad y relevancia y, por ello, el periodista cumple con su deber al difundirla. Obstaculizar este deber afecta a la libertad de informar".

Para el presidente de la federación de asociaciones de la prensa, "los límites de la libertad de información no pueden ampliarse hasta el extremo de establecer una censura previa sobre absolutamente todo lo que haya llegado al conocimiento del periodismo obtenido por otro de forma ilícita".

El ámbito privado

A juicio del presidente de los periodistas, hay que distinguir claramente entre hechos de verdadera relevancia y lo que no es más que la invasión del ámbito privado. "Otra cosa es que los periodistas se entreguen a asaltar la intimidad de los demás, atentar contra el honor mediante la publicación de conversaciones que, además de pertenecer al ámbito privado, carecen por completo del mínimo interés general: la extensión de esta práctica no sirve más que para fomentar un mercado aborrecible de material con el que hay individuos que comercian por intereses execrables".Este último punto es el que más inquieta al director de El Periódico de Catalunya, Antonio Franco, quien, en un reciente coloquio celebrado en Barcelona, advirtió contra el riesgo de favorecer la creación de un mercado de grabaciones ilegales y de chantajes a cargo de delincuentes, que operen a sabiendas de que siempre habrá medios deseosos de ser alimentados con sus trabajos. En ese coloquio polemizó abiertamente con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.

Constitucionalmente, tan protegido está el derecho del ciudadano a la libertad de expresión (artículo 20) como la garantía del secreto de las comunicaciones (artículo 18), puesto que ambos forman parte del mismo cuerpo de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Pero los políticos tratan de que ésta última prevalezca sobre aquel, antes.. incluso, de decidir sobre la tercera pieza de este delicado mosaico, que es el secreto profesional.