Las monjas de Belorado comunican por burofax al Arzobispado de Burgos su “unánime e irreversible posición” de abandonar la Iglesia católica

Las diez monjas de la comunidad de clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) que el pasado mayo rompieron con la Iglesia Católica y El Vaticano han comunicado vía burofax al Arzobispado de Burgos su “unánime e irreversible posición” de esa salida de la Iglesia, y han asegurado que cualquier pena o sanción canónica, como la excomunión, son “nulas”. En un comunicado fechado en Belorado este viernes y divulgado a través de las redes sociales, las clarisas han insistido en que su decisión es fruto de una “madura, meditada y consciente reflexión” y han afirmado que el Manifiesto Católico del 13 de mayo, firmado por la abadesa, fue refrendado por todas.

A mediados de mayo, las clarisas explicaron a través de redes sociales que se desvinculaban por estar enfrentadas con la estructura actual de la Iglesia, alegaron que la Archidiócesis de Burgos había obstaculizado la adquisición de un monasterio pese a haberlo acordado y, además, cargaron contra la deriva de la Iglesia. Hablaron de una persecución, renegaron del Papa Francisco y se acogieron a la Pía Unión del Apóstol San Pablo, considerada secta según la Iglesia Católica, y coordinada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019 por Mario Iceta —ahora arzobispo de Burgos— cuando este comandaba el obispado de Bilbao.

Ese movimiento lo ha liderado desde el primer momento sor Isabel de la Trinidad, madre abadesa de las clarisas, cuyo siguiente paso fue denunciar a Iceta hace tres semanas por abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de asociación.

Por eso, que la Iglesia considera delito de cisma, las religiosas tenían hasta las 14.00 de este viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar, pero no se han presentado, lo que da vía libre al Arzobispado de Burgos para conforme al Derecho Canónico declarar su excomunión, un decreto que tendrá que firmar Iceta.

Han nombrado, además, una comisión mediadora para negociar una solución “pacífica y extrajudicial” al conflicto que mantienen con el Arzobispado de Burgos, tras ratificar su decisión de salir de la Iglesia, y que “permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados por el Arzobispado”, añade el comunicado.

La comisión, que está formada por el bufete de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, se ha puesto este viernes a disposición del Arzobispado para entablar una negociación. Según sus representantes legales, no han comparecido al señalamiento al haberse separado de la Iglesia y entender que “no resulta por tanto competente el derecho canónico para conocer de ninguna cuestión relativa a este aspecto”.

Los abogados buscarán una solución a la situación que están atravesando las monjas, que, según sus representantes, “se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos”, ha dicho a EFE el abogado Diego Sarabia tras leer un comunicado en nombre de la comisión negociadora.