Periodistas y jueces, aliados contra la corrupción

La creciente convergencia europea de jueces y periodistas contra la corrupción política, especialmente en los países latinos, fue analizada el pasado fin de semana en la ciudad francesa de Nantes por unos 200 expertos, entre magistrados, politólogos, sociólogos, catedráticos y periodistas, reunidos por el Instituto de Altos Estudios sobre la Justicia.La politóloga italiana Stella Righettini explicó que en su país la prensa se ha puesto claramente del lado de los jueces, quienes en su lucha contra la corrupción política se habían encontrado con una cierta tendencia a ser deslegitimados desde el poder, por lo que han hallado en los medios de comunicación social un contrapoder que les ayuda contra las presiones. "De un estilo judicial dominado por el poder político se ha pasado a una manera de ser de los jueces que exalta sus diferencias con el poder político", explicó.

El magistrado español Joaquín Navarro mantuvo que "una justicia democrática exige transparencia, visibilidad y control del poder". Defendió que sólo puede ser un buen juez quien sea un buen ciudadano, preocupado por los problemas de su comunidad. Por ello denunció que "en nombre de la independencia judicial se haya querido mutilar la libertad de expresión de un ciudadano que precisamente tiene por oficio defender los derechos y libertades". Rechazó las reticencias que, desde el poder, se hacen a la libertad de expresión de los jueces, "en un momento en que se multiplican los casos de corrupción".

Censuras y felicitaciones

Uno de los asistentes le preguntó si sus comentarios radiofónicos diarios en la SER le han originado algún problema disciplinario. El juez Navarro dijo saber que a algunos políticos no les gustan, pero que aún no ha prosperado ninguna denuncia contra él, porque el Consejo General del Poder Judicial ha interpretado que la norma que prohíbe dirigir felicitaciones o censuras a las autoridades debe aplicarse a la actividad judicial, no al juez como ciudadano. Ironizó con que "nunca se ha intentado sancionar a un juez por felicitar al poder".Menos entusiastas son las relaciones entre justicia y medios de comunicación en Alemania, según el magistrado Kláus Weber, antiguo portavoz del Ministerio de Justicia de Baviera. Weber explicó que las diferentes regiones tienen portavoces oficiales en cada tribunal para relacionarse con los periodistas, lo cual corta el exceso de contactos periodísticos con los jueces de instrucción, que así pueden trabajar en el anonimato. Dio cuenta de que en Alemania existe una neta separación entre la libertad de expresión política de los jueces y el ejercicio de su función judicial.

La infracción de esta última o no guardar el deber de reserva puede acarrear a los jueces sanciones disciplinarias graves.

Desconfianza

Mayor desconfianza hacia los periodistas existe en el Reino Unido, a juzgar por lo dicho por el profesor Simon Lee, para quien lo esencial es que los jueces juzguen con claridad y garantías y ofrezcan información a la prensa de los casos importantes, "en vez de confiar en la cobertura periodística de sentencias de 100 páginas, por profesionales no siempre expertos en leyes".El magistrado francés Antoine Garapon, coordinador del encuentro, criticó, por su parte, que el proceso se celebre en los periódicos y que los medios de comunicación social sustituyan a los jueces. "A una oposición frontal entre la prensa y la justicia sucede", dijo, "una especie de mimetismo".

El otro coordinador de las jornadas, el sociólogo español José Juan Toharia, presidente de la Fundación Escuela de Periodismo Universidad Autónoma / EL PAÍS, ofreció datos sobre una reciente tendencia a mejorar la mala imagen popular que tenía la justicia en nuestro país.

Otros expertos españoles destacaron la creciente sintonía del poder judicial y el llamado cuarto poder en cuanto controladores, cada uno desde su función, del poder político, si bien criticaron la opacidad de la Administración de justicia, con la dificultad añadida de la ininteligible jerga judicial. Toharia informó de los dos cursos de periodismo jurídico organizados por la fundación que preside para adiestrar a los informadores.