La Administración cobrará por permitir el acceso a la información ambiental

Con dos años de retraso, el Gobierno español ha decidido trasponer la directiva de la UE sobre el libre acceso a la información ambiental. La Comisión de Subsecretarios visará hoy el proyecto de ley que regula esta materia, a la que se accederá previo pago de una tarifa, según informó ayer Cristina Narbona, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Bruselas le había abierto ya a España un procedimiento de infracción por incumplimiento del derecho comunitario.

Si un ciudadano percibe un mal olor al asomarse a la ventana de su vivienda o tiene noticia de que van a construir una autopista a pocos metros de distancia, podrá solicitar información a las administraciones públicas sobre el origen del desagradable aroma y el alcance real de los proyectos. Tendrá también la oportunidad de estudiarlos. Ésa es al menos la intención del proyecto de ley de acceso a la información ambiental que hoy estudiará la Comisión de Subsecretarios para su remisión al Consejo de Ministros dentro de dos semanas.La ley, con dos años de retraso sobre su calendario inicial, fue sometida a un último debate ayer en la reunión del Consejo Asesor del Medio Ambiente. Los detalles que faltan por definir, según la secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, Cristina Narbona, son establecer qué institución es la garante del derecho a la información, en qué fase de tramitación de los documentos se ponen a disposición del público y la fijación de las tarifas para acceder a esta información. Cualquiera podrá hacerlo, pero no gratis.

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente cobrará una tarifa por conocer la declaración de impacto ambiental de la ampliación de un aeropuerto vecino, el proyecto de una nueva carretera autonómica o los planes para instalar una gran industria cerca del barrio donde uno vive.

Esta ley, que debía haber estado lista el 1 de enero de 1993, ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento ecologista, ya que este acceso es fundamental para sus campañas de protesta contra las obras públicas de fuerte impacto ambiental.

Fe Sanchís, experta en asuntos de Derecho de la organización ecologista Aedenat, explica que la directiva europea permite que se cobre, pero siempre que eso no suponga una traba para acceder a estos datos, "que sea asequible", informa Rafael Ruiz. "Estamos haciendo un seguimiento de la directiva, y hemos detectado muchos abusos en los cobros; porque no sólo se cobra el coste de las fotocopias, sino también el acceso al servicio", añade Sanchís. "En Irlanda, por ejemplo, cobran tanto para algunos asuntos que es imposible pedir información". El Gobierno ha rechazado la petición de que las organizaciones no gubernamentales tuvieran acceso gratuito. Sanchís resalta que en marzo la Comisión Europea comunicó al Gobierne, español que le había abierto un procedimiento de infracción por no trasponer esta directiva a la legislación nacional.

Costas y playas

El consejo asesor debatió, en una jornada apretada de materias, la iniciativa de CiU de reclamar las competencias que la ley de costas atribuye al Estado. En este punto, el ministerio ha logrado de las organizaciones ecologistas un informe en contra del traspaso de estas competencias, que con tanto ardor ha defendido el ministro José Borrell.Dentro de este ámbito, la Administración ha encargado un dictamen sobre el alcance de las extracciones de áridos para la generación de playas. Sin que sea obligatorio, Obras Públicas ya somete a declaración de impacto este tipo de obras, que han suscitado críticas porque repone la arena de las playas a base de extraerla del subsuelo marítimo donde habitan colonias de flora y fauna.

El consejo abordó también la reforma de la Ley de Impacto Ambiental en un aspecto trascendental: el papel reservado a las comunidades autónomas en las iniciativas estatales. Hasta ahora tienen la misma relevancia que cualquier ciudadano.