El que cede, gana

LA DIMISIÓN de Juan Hormaechea hace decaer las mociones de censura y plantea en términos nuevos la sucesión del ex presidente de Cantabria. Ya no es imprescindible la mayoría absoluta. Para que prospere la investidura de un candidato basta, en segunda con vocatoria, con que recoja más votos a favor que en contra. Salvo un acuerdo entre el PSOE y el PP, Hormaechea podría, bloquear cualquier elección y con ello perpetuarse en funciones hasta las elecciones de mayo. Justamente eso es lo que están obligados a impedir los dos partidos nacionales. Aunque sea al precio de que los socialistas faciliten la elección de un candidato popular. Hormaechea cuenta actualmente con ocho escaños, por nueve del PP -tres de ellos, tránsfugas- Si los demás se abstuvieran -PSOE (16), regionalistas (2) y tránsfugas (4)-, ese único voto de diferencia bastaría para investir al candidato del PP. Sería un presidente elegido por poco más de la quinta parte de los parlamentarios. Resulta inexplicable que los dos principales partidos nacionales sean incapaces de ponerse de acuerdo para remediar la parálisis de una comunidad en la que ni siquiera han podido aprobarse los Presupuestos de 1994.

Pero, tal como están las cosas, y a la vista de la negativa del PP a pactar cualquier acuerdo con el PSOE, la alternativa sería la, continuidad de Hormaechea. Éste sostiene que la sentencia ha sido injusta, y espera que el Supremo la revoque. Invoca para ello la falta de neutralidad de dos de los jueces del tribunal, por su pasado político de izquierdas. Si cabe entender que un político profesional -debutó como concejal en 1974, en el crepúsculo del franquismo- utilice todas las argucias a su alcance para prolongar su carrera, se comprende peor el empecinamiento del PP por hacer siempre aquello que favorezca esa continuidad. Alguien que ya como alcalde acumuló una docena de condenas por diversas infracciones administrativas, que había sido condenado otras dos veces por insultos, que todavía hoy sigue justificando la utilización de fondos públicos para difundir anuncios ofensivos contra sus rivales políticos, no puede ser sostenido por un partido serio.

Alegar que existe una "mayoría natural" de centroderecha no basta para justificar esa actitud. El PP no puede pretender a la vez romper con Hormaechea y recabar para sí los votos obtenidos por ese personaje. Por ello, el ultimátum lanzado por el PP -Vallines o nada- es claramente abusivo teniendo en cuenta que obtuvo 60.000 votos menos que los socialistas. Pero si éstos fueran hábiles, aceptarían el desafilo y permitirían la investidura del candidato del PP. Porque es la única manera realista de desbloquear la situación. Y porque sólo quienes demuestren estar dispuestos a supeditar sus intereses a los de Cantabria podrán salir con bien.

Una ley no escrita de la lucha política asegura que nunca hay que ceder ante el rival, porque ello produce sensación de debilidad. Tal vez ése sea el motivo de la resistencia de los socialistas cántabros a aceptar la recomendación de la dirección nacional de su partido. Sin embargo, el desprestigio que afecta a todo el personal político de la región aconseja romper esa norma. En la encuesta del CIS sobre autonomías de noviembre de1992, los políticos cántabros de todos los partidos eran los peor valorados de España (aunque, ciertamente, el que peor puntuación obtenía en la región era Vallines).

Seguramente no puede separarse esto de la demostrada incapacidad de esos políticos para supeditar sus intereses personales o de partido a los de la región. Éstos pasan ahora por evitar que un condenado por la justicia, responsable de una gestión aventurera y de atraer un descrédito sin precedentes sobre las instituciones, consiga su objetivo de seguir mandando, aunque sea en funciones. Y por eso es posible que, esta vez, el que sepa ceder sea a la larga el vencedor.