Pujol rechaza destituir a Cullell al no considerar prueba unas escuchas telefónicas ilegales

Si los jueces dicen que las escuchas telefónicas ilegales no sirven como prueba judicial, tampoco pueden servir en este caso para destituir a un consejero: el de Política Territorial de la Generalitat, Josep Maria Cullell. Ésa fue la argumentación dada ayer por el presidente Jordi Pujol para explicar que mantiene a Cullell en su cargo pese a la publicación de unos pinchazos telefónicos que le presentan como protagonista de un supuesto tráfico de influencias. La oposición exigió ayer a Cullell que demuestre que no actuó ante diversos organismos de la Generalitat para beneficiar los intereses urbanísticos de su cuñado, Joan Vilaró, o que dimita. Cullell rechazó las imputaciones.

La grabación de varias conversaciones telefónicas, publicadas ayer por el semanario El Triangle y El Mundo, cuya existencia anticipó este diario el domingo, señala que Cullell actuó ante el Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló y la Generalitat para impulsar decisivamente una operación urbanística en esta localidad. Tras calificar como edificable la finca La Riera, propiedad de Vilaró, el propio Ayuntamiento la adquirió por el triple del precio que tenía como inca rústica.El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, estudia el caso, sobre el que ya hay un procedimiento en marcha contra Vilaró y el alcalde de Sant Pere, Ramon Vaqué, en un juzgado de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y maquinación para alterar el precio de las cosas. En este sumario no está encausado Cullell ni se prevé el delito de tráfico de influencias.

La difusión de las escuchas telefónicas, que refuerzan las denuncias que desde hace años realizan la oposición, provocó que todos los partidos exigieran explicaciones a Cullell. Este se reunió a media tarde con el presidente de la Generalitat y, al anochecer, su departamento difundió una nota en la que "rechaza y desmiente el contenido de las supuestas grabaciones".

Pujol declaró anoche, en una entrevista en Antena 3, que ayer se había hecho explicar la operación urbanística por Cullell y que, una vez conocida, estaba convencido de que "el fondo del asunto es limpio" y que la actuación de la Generalitat ha sido correcta. El presidente sostuvo también que si los jueces no consideran las escuchas telefónicas válidas como prueba, tampoco iba a considerarlas él base suficiente para destituir a un consejero "sí no se aportan informaciones suplementarias".

"Fondo inexistente"

El presidente se negó a formular ninguna opinión sobre el caso Palomino, alegando que desconocía el asunto. Pujol advirtió que el enrarecimiento del clima político por la proliferación de acusaciones de corrupción "puede dañar el tejido social". El adelanto de las elecciones no aclararía la situación, afirmó, "porque quien las ganase se encontraría al día siguiente con el mismo problema".

El comunicado oficial del Departamento de Política Territorial difundido anoche destaca que, "en el supuesto desestimado de que [las grabaciones] fuesen auténticas, son nulas de pleno derecho y no pueden producir ningún efecto jurídico en ningún ámbito". Afirma también que "la forma en que estas conversaciones han sido supuestamente grabadas, si es que lo han sido, es delictiva, y en cualquier caso, sólo por eso, el fondo ha de considerarse inexistente". La nota exige que "el cuerpo del delito" se presente a un juzgado.

Todos los grupos de la oposición coincidieron, sin embargo, en exigir explicaciones a Cullell. La diputada socialista Rosa Martí declaró que las revelaciones sobre el caso La Riera son suficientemente graves como para que el consejero demuestre su falsedad "o asuma personalmente la consecuencia lógica" de las mismas.

Iniciativa per Catalunya (IC) presentó ayer una petición para que el consejero comparezca en el Parlament para explicar su actuación. El alcalde de Sabadell y diputado de IC, Antoni Farrés, declaró: "Todo el mundo tiene derecho a ser oído. Pero si Cullell no da las explicaciones que clarifiquen el asunto, debe dimitir".

Esquerra Republicana (ERC) anunció que pedirá la comparecencia parlamentaria de los titulares de los cinco departamentos de la Generalitat que han intervenido en diversos aspectos de la operación. El presidente del Partido Popular (PP) de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, se sumó así alas críticas por este asunto: "Cullell debe dar explicaciones al Parlament, y si son ciertas estas conversaciones, hay indicios de tráfico de influencias y el consejero deberá dimitir, como ocurre en toda Europa".

Convergència Democrática (CDC), el partido de Cullell, ratificó el compromiso de "transparencia y clarificación" al que se comprometió Jordi Pujol ante el Parlamento catalán para aquellos casos que generan "dudas y confusión" en la sociedad. Josep Antoni Duran Lleida, líder de Unió Democrática (UDC), el socio electoral de CDC, estudió el caso con Pujol y le pidió que se averigüe si la cinta es auténtica o no y que "se actúe en consecuencia y con transparencia". El partido socialista, ERC e IC rechazaron el sistema por el que se han obtenido las conversaciones telefónicas.