Clinton critica que se prive de servicios públicos a los 'ilegales' en California

El presidente norteamericano, Bill Clinton, en la recta final de su campana para miniminizar la previsible derrota demócrata en las elecciones parciales del próximo martes, ha advertido que la Proposición 187, la ley que pretende privar de servicios públicos a los inmigrantes ilegales en California, "es claramente inconstitucional". Clinton trata también estos últimos días de encontrar reconocimiento por parte de los votantes a sus éxitos económicos, corroborados ahora con una nueva reducción del desempleo hasta el 5,8%.

El ataque de Clinton contra la Proposición 187 se suma al que hacen diariamente todos los candidatos de su partido en California. Esa ley, presentada por el actual gobernador republicano, Pete Wilson, y defendida por el candidato de ese mismo partido al Senado, Michael Huffington, pretende impedir el acceso de los inmigrantes ilegales a la salud y a la educación públicas. La propuesta será votada en referéndum durante los comicios de pasado mañana."Comprendo que el pueblo de California tiene ahí un problema. El Gobierno federal debería hacer más para ayudar a detener la inmigración ilegal y para ayudar a California a afrontar sus costes. Pero no creo que la Proposición 187 sea el camino para hacerlo", dijo Clinton en una entrevista con medios californianos.

Aunque las encuestas siguen anticipando una victoria de esa propuesta, el margen a favor de ella se ha reducido en los últimos días como consecuencia de la intensa, campaña promovida por los demócratas y por los grupos hispanos.

La movilización en las escuelas y las universidades han sido tan fuerte que se temeque se puedan producir serios incidentes de orden público si la Proposición 187 es finalmente aprobada.

Paradójicamente, en el bando republicano y de los que defienden esa propuesta se encuentran los grupos que representan a la minoría negra.

Eternamente enfrentados a los hispanos, a los que acusan de quitarles sus trabajos y sus beneficios, los negros no han tenido escrúpulos en defender una propuesta tan dudosamente acorde con el respeto a los derechos civiles para proteger su propia situación.

Al fin y al cabo, los gastos que provoca en Estados Unidos la inmigración ilegal salen de las arcas públicas, y de ellas salen también las ayudas que reciben los negros.

La realidad del caso es que mientras los hispanos, una vez que legalizan su situación en este país, dejan inmediatamente de ser una carga para el Estado donde residen y se convierten por, consiguiente en creadores de riqueza. Sin embargo, los negros, continuan siendo la minoría con mayor dependencia de la beneficiencia pública.