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La comisión sobre las oposiciones inicia su investigación cambiando de tema

La comisión creada en el Ayuntamiento de Madrid para investigar las últimas oposiciones municipales comenzó ayer su cometido mirando para otro lado.El grupo de trabajo se constituyó el 28 de septiembre, a raíz de las informaciones publicadas días antes en este periódico sobre los cuatro aspirantes aprobados que eran familiares de otros tantos concejales (uno del PP, dos de IU y uno del PSOE) o paisanos del edil de Personal (15 en total), Antonio Moreno, natural de Casas de Miravete (Cáceres), o personas relacionadas con los sindicatos -unas 200- (el tribunal estaba formado por representantes políticos y sindicales).

Sin embargo, la primera reunión de trabajo de la comisión ha estado dedicada a analizar unas contrataciones que datan de primeros de año -si bien fueron aprobadas en el presupuesto unos meses antes- y que ya se han extinguido. En la sesión de ayer -dedicada por entero a esas contrataciones de principios de año-, el edil de Personal se negó a facilitar unos informes que le pidió la comisión, de la que él mismo forma parte. Cuatro de los cinco concejales implicados en el caso de las oposiciones son miembros de este grupo investigador, con lo que se supone que han de investigarse a sí mismos. Pero su orden de prioridades, elaborado en la sesión anterior a propuesta del PSOE, no va por ahí.

PASA A LA PÁGINA 3

El PSOE esgrime la amenaza de abandonar la comisión porque no le facilitan unos datos

VIENE DE LA PÁGINA 1En la primera reunión de la comisión -la sesión constitutiva, celebrada hace dos semanas-, el PSOE solicitó documentación sobre un gabinete de auditoría creado por la Concejalía de Personal y supuestamente irregular, que ya fue disuelto el pasado abril ante las protestas de la oposición municipal. En la segunda reunión, celebrada ayer -y primera de trabajo estrictamente-, el PP explicó que aquel gabinete -formado por seis personas- se creo para investigar unas supuestas irregularidades del PSOE que datan de 1986 y que hasta ahora no habían sido cuestionadas por los populares. Tales hechos nada tienen que ver con las oposiciones cuestionadas (limpieza, diversos oficios y servicios internos) ni con el modo que se adjudicaron las 600 plazas a las que aspiraron 30.000 candidatos.

De los 11 miembros de la comisión, tres son concejales directamente afectados por la investigación sobre las oposiciones en las que aprobaron sus hijos: Francisco Garrido (PSOE), Franco González (IU), Isaac Ramos (PP). El otro miembro implicado es Antonio Moreno, concejal de Personal, que, según sus palabras, animó a sus paisanos de Casas de Miravete -152 habitantes- a presentarse a la oposición.

El PSOE fue el partido que solicitó la comisión de investigación nada más publicarse las informaciones que desvelaban ésta y otras supuestas irregularidades en las oposiciones -actas sin firmar, exámenes escritos sin respetar el anonimato del aspirante...-. El PP se negó en principio, lo que resultó luego contradictorio con su petición de transparencia en las instituciones donde gobierna el PSOE. Pero finalmente aceptó.

Sin embargo, una vez constituida, el PSOE pretende que se investigue primero toda la política de contratación del Ayuntamiento. "De estas cosas sí hay pruebas, pero de las oposiciones, no", esgrimieron los socialistas para relegar el asunto.

En primer lugar, el PSOE ha solicitado que se aclare hasta el último punto el polémico gabinete de auditoría supuestamente irregular que creó el concejal de Personal, Antonio Moreno, a primeros de año, y que, tras las protestas de la oposición, se disolvió en abril. El PP ha denegado a la comisión parte de la documentación sobre los seis contratados para el gabinete -con sueldos superiores a los del alcalde- por ser "expedientes personales". También ha rechazado la comparecencia de los funcionarios que intervinieron en la tramitación de los expedientes. Saturnino Zapata, portavoz del PSOE en la comisión y edil de Personal durante la mayoría socialista, entiende que Moreno pretende "cargarse" la comisión investigadora, y que los datos que solicita, así como la comparecencia de los funcionarios afectados, son "imprescindibles" para esclarecer si hubo o no fraude.

Zapala ve ya "claras sospechas de que el expediente tiene múltiples irregularidades, por las que Moreno puede terminar en el juzgado de guardia". Los socialistas amenazaron ayer con abandonar la comisión de investigación ante la negativa de los populares de aportar más documentos. Sin embargo, aseguraron que comparecerán a la próxima reunión, el viernes próximo.

Para esa fecha, el PP ya ha puesto otros asuntos sobre la mesa. Los populares contraatacaron ayer al PSOE remontándose a 1986, cuando, según Moreno, los socialistas -entonces en el poder- encargaron a la empresa Jai Ibérica un informe de valoración de personal que "no aparece" y que costó a las arcas municipales más de 1100 millones de pesetas. Además, aseguró Moreno, también se contrató un sistema de control de horarios del personal que nunca se ha instalado. El PSOE ha dicho a los populares que "adelante", que aporten todas las pruebas y que se investigue también ese asunto. Sobre el informe de Jai Ibérica, Zapata dijo que sí existe, que incluso se utilizó para negociar los salarios con los sindicatos y que numerosas actas pueden dar fe de ello. "El informe está en el Ayuntamiento, en el área de Personal; si lo han perdido ellos, que lo busquen, porque, evidentemente, yo no me lo he llevado a mi casa", añadió el ex edil de Personal. Para el PSOE, lo del informe fantasma es una maniobra para "distraer la atención del tema principal, que es el gabinete de auditoría". "Moreno pretende que una investigación sobre su actuación salpique a todos menos a él", añadió.

IU asegura que, a la vista de los datos aportados por el PP, ya se puede concluir, sin más, que el gabinete de auditoría fue "una chapuza", y que el resto de lo tratado en la comisión de investigación no es más que una "ceremonia de la confusión" entre el PP y el PSOE.

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