Cautelas en contra de la ''legalización'

Con un sabor agridulce me veo en la arena con este mal toro del fallido debate nacional propuesto sobre la legalización de los derivados del cáñamo índico. Vaya por delante que soy un convencido de su inutilidad, y también de que su planteamiento desde el Gobierno me ha dejado, más que sorprendido, estupefacto. Respecto a la primera cautela, es obvio que cualquier planteamiento que modifique la situación legal de una sustancia psicotrópica sometida a fiscalización internacional, y el cáñamo índico lo es, supondría la denuncia tácita de los acuerdos y compromisos previos ratificados por nuestros representantes estatales en diversos foros internacionales.El asunto de la legalización. -incluida la más ingenua modificación de su nivel de control, investigación con fin médico o uso terapéutico- es hoy día una competencia de ámbito mundial y, por ende, impensable a nivel regional, nacional o local. Además, si, por ejemplo, Holanda tiene históricamente un modelo más permisivo, no incurre en contradicción al no haber ratificado los acuerdos internacionales en contrario. Hay que añadir que el modelo holandés, de exagerado "éxito", es cada vez más objeto de critica interna (externa siempre la tuvo) por relacionarse con el narcoturismo, tan poco grato para los holandeses.

Ampliando la segunda advertencia previa, no puedo explicarme, ni los resúmenes de prensa me han ayudado a entender el por qué de un tal debate promovido desde la autoridad, consciente de la impopularidad estadística que comporta. El asunto está en la calle de muchos países, incluido el más poderoso de sus opositores, Estados Unidos, por cierto, con extensas áreas de plantación de cáñamo, tan perseguidas como inerradicables. España tiene las particularidades de tener una prolongada relación histórico-cultural con los productos sin graves consecuencias objetivas y de contar con una minoría intelectual de brillante argumentación en pro de la legalización que mantiene una envidiable audiencia en medios de comunicación social, uniendo su moción a algo tan innegablemente excelso como la libertad, (individual). Así las cosas, cualquier opinión, aun moderada, sobre cautelas en contra es percibida como opresora, reaccionaria, inquisitorial o cosas peores, impidiendo un discurso normalizador, desdramatizador y productivo socialmente. Por si faltara poco, el debate se convierte en una contemplación, por extensión, a todas las drogas posibles, y se convierte también en un totum revolutum inmanejable y lejano de realidades técnicas científicas, políticas, económicas y sociales, olvidando y ocultando que son diferentes todas las sustancias susceptibles de ser usadas o abusadas, con o sin dependencia, y que más importantes que las propias sustancias son los estilos de vida en que se insertan.

Considero tareas prioritarias y específicas de la autoridad nacional mejorar la ya aceptable coordinación de los planes autonómicos, informar verazmente sobre los indicadores de consumo y sus consecuencias, diseñar nuevos indicadores, promover investigación científica y social sobre lo conocido, supervisar calidad y racionalidad de las intervenciones preventivas y terapéuticas, intervenir en las propuestas legislativas con su perspectiva de observatorio nacional de amplio espectro y garantizar una mínima calidad y cobertura en los servicios de atención para todo ciudadano que tenga problemas con cualquier sustancia de abuso. Así pues, tiene que pensar en libertad (colectiva e individual), igualdad y fraternidad (solidaridad), y en explicitar. cuando se requiera, nacional e internacionalmente, su proyecto social o sus dudas respecto a los compromisos adquiridos.

El debate real, creo, no se puede desencadenar (¿controlar?) desde el poder sin demanda social cuantitativamente significativa sin generar confusión. Me consta, sin embargo, que ni este Gobierno ni su delegado para el Plan Nacional sobre Drogas son sospechosos de legalizacionistas. Quizás hasta haya que ver cierta valentía (algo temeraria) en su gesto. Muchos conocidos, y prójimos suyos y míos nos interpelan y afean nuestra actitud de prudencia en contra, y nos acusan de cobardes por ella cuando contestamos hablando de la complejidad extrema de este tema.

Cuando por fin intentamos ordenar y reducir los problemas derivados del uso de sustancias bien conocidas y habituales, no puedo ver más que con desconfianza y recelo el dar carta de igual naturaleza a otro producto potencialmente peligroso; es contradictorio, cuando menos. No niego que el cáñamo tiene en España una alta y estable tasa de consumo en los últimos diez anos, sin que por ello se correlacione seriamente con delitos contra la persona ni la propiedad, y sé que sólo el 1,5 por mil de las urgencias por uso de sustancias tóxicas hace referencia. a su consumo. No se me oculta que el consumo "sospechoso de adictivo" (tema por evaluar) puede rondar no mucho más que el 6,8% del total de los consumidores. Pero he visto suficientes psicosis tóxicas relacionadas (quizá no causadas) con consumos grandes y pequeños como para afirmar que no siempre es algo blando e inocuo como se dice. Incluso acepto que tiene algunos usos médicos no suficientemente disponibles y fáciles de prescribir en casos seleccionados.

Por otra parte, su obtención y consumo en España está al alcance de quien lo desea, despenalizado en privado de iure y en público de facto. Poca gente ha ido a la cárcel por ello; cínicamente, nuestra posmodernidad permite una posición liberal como ninguna que se conozca, aunque algo hipócrita e incoherente, pero defendible, dentro y fuera, sin graves complicaciones en el contexto mundial. La historia resolverá el debate, aceptando, incluso, que el futuro, visto desde ahora, parece contrario a mi tesis.