Moreiras 'congela' el embargo a PSV y UGT

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, anunció ayer que está dispuesto a dejar en suspenso durante un mes el embargo de 65.000 millones de pesetas decretado contra los ex directivos de la cooperativa IPSV y de los que sería responsable civil subsidiario UGT. Esta decisión fue divulgada por el magistrado tras la visita que recibió del coordinador de los servicios jurídicos de PSV, Jesús Sánchez Lambás, y estaría condicionada a la renuncia a las acciones civiles de 8.000 cooperativistas por las cantidades que entregaron a IGS-PSV. El juez lamentó las informaciones que le acusan de haber paralizado o impedido la construcción de las viviendas y dijo que su decisión pretendía provocar el efecto contrario.Sánchez Lambás le expuso que del total de 8.800 afectados, un. grupo de 4.000 cooperativistas han mantenido intensas negociaciones que concluyeron en un compromiso por el que el Gobierno aportará 26.000 millones de pesetas, en tres partidas de 10.000, 7.500 y 8.500 millones de pesetas para la construcción, de las viviendas prometidas por la cooperativa vinculada al sindicato UGT

El compromiso tiene como contrapartida la renuncia de ese grupo de cooperativistas a las acciones civiles contra PSV, por lo que si en los próximos días se incorpora a los autos del juzgado la renuncia de estos cooperativistas, la fianza de los responsables civiles se reduciría en la misma proporción, según indicó Moreiras.

Los 65.000 millones de pesetas de la fianza fijada por el juez Miguel Moreiras respondían a unos perjuicios calculados en 49.000 millones de pesetas, incrementados por exigencia Iegal en un tercio de dicha cantidad. Al reducirse a aproximadamente un 11% el número de damnificados, la fianza de la que en último término responderían los cuatro ex dirigentes inculpados, (Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández), IGS y el sindicato UGT se reduciría a unos 7.000 millones de pesetas.

El coordinador de los servicios jurídicos de PSV se excusó ante el magistrado por no haber puesto este hecho antes en su conocimiento y le pidió un mes de plazo para presentarle la renuncia a las acciones civiles de otros 4.000 afectados, ya que este segundo grupo las firmaría ante la seguridad de que el Gobierno aportará los medios para proceder a la construcción. Posteriormente, Sánchez Lambás precisó que las 4.000 firmas se entregarán hoy mismo ante el juez de Delitos Monetarios.

Moreiras respondió a Lambás que la fianza por responsabilidad civil es una exigencia del proceso penal, pero que dejará en suspenso por un mes el auto en el que exigía los 65.000 millones de pesetas, para dar tiempo a que este segundo grupo renuncie a reclamar a PSV, y posteriormente decidiría la reducción de la fianza. Según informó Sánchez Lambás, quedarían aún otros 800 perjudicados que no renunciarían a ejercitar sus derechos, por haberse dado de baja en la cooperativa o por otros motivos.

Efecto contrario

El juez Miguel Moreiras dijo que de llevarse a efecto estas previsiones, "el auto que para algunos iba contra la construcción de viviendas habrá resultado, felizmente, que ha producido el efecto contrario". Moreiras se quejó de que se haya dicho que su decisión impide la construcción de las viviendas "después de que han pasado seis años y medio y no se han construido por falta de dinero".

Para el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, el caso PSV "se ha desenfocado" ya que se ha dado un excesivo protagonismo a los jueces en detrimento de las partes personadas. El auto fijando la fianza de 65.000 millones de pesetas, dado a conocer públicamente el pasado lunes, lo acordó porque así lo solicitaron los querellantes en el pasado mes de enero, pero no lo había podido hacer con anterioridad porque no había suficientes datos en el sumario abierto en aquella fecha.