Un sueño que duró cinco años

, El sindicato UGT intentó ser pionero en España de un sindicalismo de servicios, moderno y eficaz. En el pensamiento de sus dirigentes había un modelo el alemán, y dos objetivos: aumentar su afiliación y sanear sus cuentas, reduciendo su dependencia de las subvenciones oficiales. El sueño ha durado, apenas cinco años y se ha tornado en pesadilla para 20.000 personas.El grupo empresarial ugetista, IGS, y su proyecto-bandera, la cooperativa de viviendas Promoción Social de Viviendas (PSV), se han desmenuzado a golpes de escándalo. Lo que en 1988 nació como un proyecto audaz pero posible construir miles de viviendas a precios asequibles, se ha convertido en una herida por la que sangra el prestigio de la mayor central sindical del país. Una herida que amenaza gangrena.

La cooperativa PSV nació en 1988: época de bonanza económica y de boom inmobiliario. En un contexto de especulación del suelo, la vivienda se había convertido en el sueño de miles de personas de clase baja, media-baja y media. El proyecto PSV, sobre el papel, era algo bien pensado. El objetivo era digno: viviendas a precio asequible sin pensar en el beneficio empresarial como prioridad. El contexto, favorable: cientos de ayuntamientos gobernados por el PSOE, el partido hermano, que podrían ayudar a conseguir suelo barato y un Gobierno preocupado por la carestía de la vivienda. ¿Qué es lo que falló? La respuesta no es simple. Ni es una. Y falló, la gestión, fallaron los controles del sindicato, se deterioró el contexto (enfrentamientos Gobierno-UGT) y se perdió la confianza de las bases. Los gestores de IGS mezclaron el proyecto social con el negocio puro y duro y, además, intentaron hacer favores al sindicato impulsor del proyecto. La gestora IGS, dirigida por Carlos Sotos, compraba suelo para construir viviendas psv, pero adquiría también terrenos para grandes operaciones que podrían proporcionar inmensos beneficios (pisos de lujo en Madrid, urbanización Bressel o Marina Calviá en Mallorca). La entrada de dinero era continua, regular y segura. Empezaron los negocios complementarios: seguros con Unial, viajes y hasta un parabanco, IGS de Mercado Hipotecario, en el que los cooperativistas, supuestamente, podían depositar sus cuotas en cuentas ahorro-vivienda.

Carlos Sotos no olvidó hacer favores al sindicato, el accionista mayoritario del proyecto IGS (47%). En 1991, IGS engulló varias empresas 100% del sindicato UGT que sólo aportaban números rojos y quebraderos de cabeza. La aseguradora Unial, dirigida por el yerno de Nicolás Redondo, Ignacio López, Libertur y Tipografía Torreblanca pasaron a formar parte del grupo. ¿Cuánto costó el favor? Unos 4.000 millones de pesetas. Además, IGS-PSV firmó un contrato con el sindicato en 1988 para retribuir los desvelos de la central a favor del proyecto y el uso de la infraestructura del sindicato. Por cada uno de los 14.000 pisos proyectados, UGT cobró a la gestora IGS alrededor de 80.000 pesetas en concepto de "publicidad y propaganda". Más de 1.000 miIlones de pesetas, por adelantado y sin el conocimiento preciso de los cooperativistas. El cobro, desvelado en EL PAÍS a principios de este año, se ha revelado como una de las cuestiones clave en el proceso judicial que lleva el Juez Miguel Moreiras.

Las dificultades del proyecto IPSV empezaron pronto. Para construir, PSV precisaba financiación. Para enterrar desastres de gestión, como los de Unial, siempre en la cuerda floja de los resultados, precisaba simpatías oficiales y dinero. Desde 1990, Sotos sabía que el proyecto necesitaba del apoyo de los bancos y de la Administración. Y no lo obtuvo. Sus complejos juegos empresariales (inversión de 1.707 millones en la Esfera Armilar; 4.692 en Marina Calviá; más de 1.500 millones en el complejo de lujo Bressel) y su personalidad exhuberante, entre otras circunstancias, despertaron recelos insuperables.

La Dirección General de Seguros apretó a la aseguradora, mal gestionada. El Banco de España vigiló a IGS de Mercado Hipotecario para evitar agujeros. Y, mientras tanto, la financiación paralizada. Los 80.000 millones, que Sotos necesitaba para poner ladrillos y mantener en pie el entramado, jamás llegaron. Los retrasos exasperaron a los cooperativistas y UGT, en noviembre de 1993, tuvo que asumir la responsabilidad total del proyecto. El sindicato se hizo con el 100% de las acciones de IGS-PSV. Para entonces, Sotos era un hombre quemado. UGT y el Gobierno, "al máximo nivel", buscaban un recambio al ex concejal del PCE desde el verano de 1993. Con licencias sin pagar y parcelas sin escriturar, la aseguradora Unial al borde del colapso y el Banco de España preguntando por los depósitos de los cooperativistas en IGS de Mercado Hipotecario, el Gobierno inició tímidos gestos de apoyo a PSV mientras desde UGT sus dirigentes pedían a gritos una intervención que evitara el derrumbe del proyecto.

Sotos dejó paso al ex director de Patrimonio del Estado, Prudencio García, en noviembre de 1993. Se maneja entonces el concepto segregación y se habla de créditos oficiales. El ICO concede un préstamo de 8.000 millones a IGS. Pero ya es tarde. Ni siquiera la tutela del Ministerio de Trabajo, a través del INFES, puede evitar que los jueces, tras admitir a trámite una petición de quiebra por parte de tres acreedores el día 23 de diciembre de 1993, decrete finalmente, y a petición del sindicato UGT, la suspensión de pagos de PSV y de su gestora IGS el 27 de diciembre de 1993. El pasivo conjunto de IGS y de PSV es estremecedor: 200.000 millones de pesetas.

Soluciones fallidas

La suspensión de pagos fue el mal menor en un contexto de movilizaciones de cooperativistas, indignados por los retrasos y con el alma en vilo al pensar en los cerca de 50.000 millones enterrados en el proyecto. Las denuncias se sucedieron. En casi todas, las comunidades donde había proyectos PSV, los cooperativistas presentaron querellas y denuncias. Desde enero de 1994, el caso PSV cambia de plano. Nicolás Redondo, tocado por el escándalo, se ve obligado a reconocer la gravedad del caso y el impacto sobre el futuro económico del sindicato. El presidente del Gobierno, Felipe González; el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán; el vicepresidente, Narcís Serra; el presidente de la Comunidad, de Madrid, Joaquín Leguina, perseguido a diario por los cooperativistas... todos ellos hacen declaraciones.El Gobierno intervino finalmente la cooperativa en febrero de 1994. Se elaboraron planes de viabilidad y empezaron a concretarse los planes de segregación. En marzo, el juez Moreiras empezó a tomar declaraciones a los responsables del desastre. Redondo, Sotos y el histórico Paulino Barrabés, entre otros cargos ugetistas declararon como inculpados. En junio de este año, Sotos ingresó en Carabanchel. Unos días después también lo hizo Paulino Barrabés quién, sin embargo, abandonó la prisión, bajo fianza, dos semanas después. Desde julio, IGS-PSV parecía haber encontrado aguas más calmadas. La decisión del juez Moreiras, sin embargo, ha vuelto a colocar a IGS-PSV en primer plano de actualidad. Una