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PSOE y PP se dan un plazo de 15 días para constituir la ponencia de reforma constitucional

Luis R. Aizpeolea

En quince días habrá ponencia de la reforma constitucional para hacer del Senado una Cámara de las autonomías. El PSOE y el PP están empeñados en constituirla inmediatamente y los socialistas ya le han fijado fecha, mediados de noviembre. El portavoz socialista en el Senado, Bernardo Bayona, y el popular, Alberto Ruiz Gallardón, coinciden también en que la ponencia apruebe un borrador antes de finalizar la legislatura y el nuevo Senado, surgido de las urnas, la ratifique. La pretensión común es que la reforma se haga por un consenso muy amplio.

Los dos principales partidos, PSOE y PP, que representan al 90% del Senado, tienen ya maduras sus posiciones para dar el primer paso para la reforma, esto es, la creación de la ponencia que retocará la Constitución. Una reunión, celebrada el lunes, con la asistencia del presidente del Senado, Juan José Laborda; el vicepresidente Narcís Serra; el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los portavoces del, Congreso y Senado, Joaquín Almunia y Bernardo Bayona, dio pista a las posiciones del PSOE.Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Alberto Ruiz Gallardón, en unas declaraciones realizadas ayer, adelantó las posiciones de su partido, coincidentes sustancialmente con las del portavoz socialista en la Cámara alta.

Bayona iniciará inmediatamente una ronda con los grupos parlamentarios para proceder a la creación de la ponencia. A primeros de diciembre, quince días después de su creación, se establecerá un calendario de tareas.

Bayona, por el PSOE, y Ruiz Gallardón, por el PP, coinciden en implicar en el proceso de reforma a "todos los que tengan algo que decir". Además de los grupos parlamentarios, su pretensión es implicar en el proceso a los presidentes de comunidades autónomas, a los juristas especializados, a los ponentes constitucionales y a parlamentarios europeos.

Posiciones abiertas

Bayona y Ruiz Gallardón parten de "posiciones abiertas", con la pretensión de conseguir un amplio consenso en lo que será la primera reforma constitucional de calado desde la aprobación de la Carta Magna hace 16 años. Su única condición previa es que el texto constitucional sólo "se tocará lo imprescindible" y "en ningún caso afectará al Título VIII, esto es, el modelo autonómico".

La consecuencia inmediata de la reforma será que el Senado ya no será una mera Cámara de segunda lectura. Lo será de primera en aquellas materias que le afecten. Para ello se tendrá que proceder a la reforma del artículo 69 de la Constítucion así como otros apartados del título III, referentes a la composición y funciones del Senado. PSOE y PP coinciden en este aspecto. Bayona concreta que el Senado debe hacer la primera o última lectura en la legislación que afecte a las autonomías, como algunas leyes de bases. La posibilidad de que la decisión sobre si una materia es objeto de primera lectura en el Senado la adopte el Consejo de Ministros o sea tasada previamente por los ponentes de la reforma es una cuestión que queda abierta, según señala Ruiz Gallardón.

Ruiz Gallardón y Bayona coinciden también en que deberá potenciarse la elección de los senadores por la vía de los parlamentos autonómicos y disminuir el peso de la elección directa que es el procedimiento habitual que marca la actual legislación. Ruiz Gallardón matiza que, tras la reforma, la circunscripción puede ser autonómica o provincial en función de la voluntad de las comunidades autónomas. El portavoz del PP en, el Senado se inclina también por hacer coincidir las elecciones a la Cámara Alta con las autonómicas y municipales.

El órgano en el que debe residir la ponencia de reforma constitucional plantea algunas diferencias de menor rango entre socialistas y populares. Bayona se inclina porque sea la Comisión General de Comunidades Autónomas el organismo en el que se constituya la ponencia mientras que Ruiz Gallardón prefiere que sea una comisión mixta entre la Comisión Constitucional y la de Comunidades Autónomas.

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