Tardía renovación

SE HA hecho esperar tanto el acuerdo alcanzado por los partidos sobre la renovación institucional (especialmente la del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Consejo de Administración de RTVE) y ha sido tan pródigo en disparates el proceso de negociación que ni siquiera es seguro que sea aplicable el principio de. que "nunca es tarde si la dicha es buena".El resultado no redime, en todo caso, a los partidos políticos, especialmente al PSOE y al PP, del nada edificante lastre que han dejado tras sí en el curso de unas negociaciones que han estado condicionadas más a sus intereses partidarios que a los del sistema democrático. Sólo cabe esperar que no sea esto el famoso impulso democrático.

Las culpas contraídas por el PSOE y el PP en relación con su deber constitucional de mantener en activo las instituciones del Estado son muchas y difícilmente superables en cuanto a gravedad: designación por el sistema de cuotas -tantos para ti, tantos para mí-, nulo y reiterado incumplimiento de los plazos que marcan las leyes para efectuar los relevos en tiempo y, forma debidos y, llegado el caso, irresponsable y descarada instrumentalización de ese deber constitucional al servicio de su particular y nada diplomática guerra de desgaste que libran en torno al poder.

Todo ello podría pasarse piadosamente por alto si el acuerdo alcanzado ahora supusiera una ruptura clara y definitiva respecto a los métodos del pasado. Pero no parece claro. La designación de candidatos a las seis vocalías vacantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha obviado, al menos formalmente, el denostado sistema de cuotas. El procedimiento empleado en esta ocasión ha sido el mucho más abierto y racional de presentación de ternas (un partido propone tres candidatos, pero es el otro quien elige entre ellos). Pero sería aventurado afirmar que siempre se ha tenido más en cuenta el criterio de idoneidad de los candidatos que el de su mayor o menor proximidad al partido que los propone. El empeño de CiU en proponer una terna de magistrados para cubrir una vocalía, del CGPJ correspondiente a un jurista de reconocido prestigio" no deja de proyectar alguna sombra al respecto, por más que los servicios jurídicos del Estado hayan considerado la propuesta válida. La Constitución establece expresamente la diversa procedencia de los vocales del CGPJ, a fin de garantizar su pluralismo social, profesional, e incluso jurídico. Ese pluralismo queda malparado si la vocalía en cuestión se cubre con un magistrado.

Pero esa línea divisoria entre el pasado y el presente aparece todavía más desdibujada en la forma en que el PSOE y el PP han designado al Defensor del Pueblo. Y no porque el candidato finalmente propuesto no cumpla los requisitos- exigibles al cargo. La probada profesionalidad de Fernando Alvarez de Miranda, su larga trayectoria democrática, su demostrada sensibilidad hacia los derechos humanos y su digno papel institucional en los primeros años del actual régimen democrático avalan esta candidatura. Pero esa línea divisoria ha quedado claramente desdibujada en el, proceso previo que llevó a. los partidos a utilizar sin ningún miramiento a candidatos tan válidos como Jiménez de Parga o Martín Pallín, para terminar rechazándolos por simple sectarismo o ventajismo. Esos comportamientos quedan en el debe del PSOE y del PP.

En todo caso, no es poco que concluya un periodo de deterioro institucional que tanto ha contribuido al pesimismo y al desentendimiento político de los españoles en los últimos tiempos. La designación del Defensor del Pueblo, la cobertura de las vacantes del CGPJ y el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración de RTVE acorde con la actual composición del Parlamento (a expensas de una reforma de su estatuto que homologue él régimen retributivo de sus consejeros al general de la empresa pública) cumplen, al menos, ese objetivo. Ya era hora.