Juan Hormaechea quedara a merced del Gobierno si el Supremo confirma las penas

JULlO M. LÁZAROEl Presidente del Gobierno cántabro, Juan Hormaechea, estará a merced del Gobierno, central, tanto en su situación personal como política, si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Cantabria. Si la sentencia de seis años de prisión fuera conmutada por la de un año, como ha pedido el tribunal, Hormaechea volvería a estar en manos de los jueces que le han sentenciado y que son quienes tendrían la facultad de ordenar su ingreso en un centro penitenciario o aplicarle la remisión de la pena.

La condena a seis años de prisión, de ser confirmada por el Supremo, supondría el ingreso en un centro penitenciario del presidente Hormaechea de forma automática. Tal posibilidad se contempla como remota, dado que el tribunal, al considerar "desproporcionada" una pena de seis años de cárcel para una malversación de fondos de poco más de dos millones de pesetas ha pedido al Gobierno que la conmute por una pena de un año. Pero si la condena a Hormaechea quedase efectivamente reducida a un año, el presidente cántabro paradójicamente volvería a estar en manos del tribunal sentenciador, que tendría la facultad de meterle en la cárcel o dejarla condena en suspenso.La remisión de las penas de un año de cárcel es una facultad de los tribunales que en la práctica se aplica de forma automática, pero que en los últimos tiempos ha tenido sus excepciones. En delitos de torturas cometidos por guardias civiles o en delitos de falsedad cometido por nota rios, los tribunales han denegado la condena condicional, por in fracción de los especiales deberes a que obliga la función pública.

En cualquier caso, el artículo 93 del Código Penal es concluyente en cuanto a que el tribunal sentenciador "podrá o no aplicar la condena condicional según lo estime procedente".

Las penas de inhabilitación absoluta y especial han sido impuestas en ambos casos como penas principales, por lo que sólo un indulto del Consejo de Ministros podría evitar su aplicación, caso de que el Supremo las ratifique. La inhabilitiación absoluta produce la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos, aunque fueran electivos y la incapacidad de obtenerlos durante los siete años a que ha sido condenado por el delito de malversación, así como la privación de poder elegir y ser elegido.

La pena de inhabilitación especial, impuesta por un delito de prevaricación, en la adjudicación ilegal de carteles de obras públicas a la empresa de un amigo de Hormaechea, comprende la privación, por otros siete años, del cargo de presidente del gobierno de Cantabria y la imposiblidad de obtener otros cargos políticos de designación o elección durante el tiempo de la condena.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Carlos Granados, pidió ayer el envío urgente de la sentencia del caso Hormaechea, informa desde La Coruña Xosé Manuel Pereiro. Granados declinó enjuiciar la actuación del fiscal Lucio Valcarce, que no acusó a Hormaechea del delito de malversación de fondos.

El Gobierno cántabro, a su vez, arremetió contra el, fiscal jefe de Cantabria, al que acusó de tener "muy escasa memoria cuan do afirma que la sentecia es correcta y, sin embargo, el solicitó la absolución en el asunto de los remitos de prensa, tema central de la condena". El Ejecutivo cántabro añade que, la opinión del fiscal "parece más tendente a apoyar. la tesis de su cuñado Claudio Movilla [presidente del tribunal] que las reflejadas en el informe que pedía la libre absolución..