El Gobierno rechaza el 60% de las medidas de gracia que se le piden

El Gobierno se pronunciará sobre las peticiones de indulto de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez antes de fin de año, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia e Interior. Desde su llegada al poder, el Ejecutivo socialista ha concedido un total de 5.433 indultos, lo que supone un 0,25% del medio millón de sentencias penales que se dictan cada año. El alcalde de Burgos, José María Peña; el periodista Jesús María Amilibia, el alcalde de Mancha Real o el etarra reinsertado José Miguel Sueskun son los casos más significados entre los que esperan la gracia.

En los últimos siete años, el Gobierno ha concedido un promedio de un 22% de los indultos que se le solicitan. Para 1994 se resolverán alrededor de 5.000 expedientes y quedarán informados favorablemente menos de 1.500 indultos, lo que supone que se rechazarán más del 60% de los solicitados. Según fuentes de este ministerio, el 99,75% de las sentencias son ejecutadas en sus propios términos.El pronunciamiento sobre los indultos a Amedo y Dominguez no se ha querido hacer coincidir con las elecciones vascas, aunque, conocidos los dictámenes desfavorables del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal, la decisión sólo está pendiente de ser llevada a Consejo de Ministros, según las citadas fuentes.

Recientemente, el Gobierno ha denegado la medida de gracia al constructor burgalés Antonio Méndez Pozo, condenado a siete años de cárcel por el caso de la construcción, y al comisario de la mafia policial Javier Fernández Álvarez, quien la solicitó sobre sendas condenas de 30 años por la desaparición de El Nani y por el asesinato de tres atracadores.

Entre los pronunciamientos pendientes se encuentran los casos del periodista Jesús María Amilibia, condenado a 17 años por homicidio y que se encuentra en régimen abierto, y el del alcalde de Mancha Real, condenado a cuatro años y nueve meses por daños a las viviendas de las familias gitanas del pueblo. También han pedido la gracia José María Peña San Martín, alcalde de Burgos, condenado a penas de inhabilitación por el caso de la construcción, y el alcalde de Pinto, condenado a inhabilitación por infracciones urbanísticas y para el que han reclamado la gracia multitud de entidades ciudadanas.

Pero, al margen de los asuntos más espectaculares, la gran mayoría de los indultos afectan a pequeños delincuentes contra la propiedad y a toxicómanos.

El Ministerio de Justicia e Interior viene barajando dos criterios básicos para la concesión de indultos: la existencia de dilaciones indebidas en los procesos judiciales y la rehabilitación del penado.

Las dilaciones en el proceso generan un largo lapso de tiempo, a veces de seis o más años, entre la comisión de los hechos y el momento de la ejecución de la sentencia. Durante este tiempo, el condenado puede haber alcanzado la rehabilitación social, es frecuente que se haya formado una familia, por lo que no tiene sentido que ingrese en prisión.

La medida de gracia puede quedar condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones. Según el Ministerio de Justicia e Interior, en los últimos tiempos se viene condicionando el indulto al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito, o a someterse a un proceso de deshabituación de drogas, o a no volver a delinquir en un plazo de tiempo determinado.