Policía catalana

LA JUNTA de Seguridad de Cataluña, en la que están representadas la Administración central y la Generalitat, ha aprobado el nuevo modelo policial para esta comunidad, uno de los puntos prioritarios fijados por Jordi Pujol en la agenda del giro autonómico. El acuerdo potenciará las funciones de los policías autonómicos catalanes o Mossos d'Esquadra mediante un proceso gradual de crecimiento hasta alcanzar los 10.000 agentes en ocho años y la asunción de la responsabilidad del orden público y la seguridad ciudadana en el territorio catalán.El despliegue de los mossos irá acompañado de una reducción paralela de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que ahora cumplen estas funciones, pero tales fuerzas permanecerán en el conjunto del territorio catalán en virtud de determinadas misiones de ámbito supracomunitario: puertos y aeropuertos, aduanas, costas, régimen de extranjería, armas y explosivos, fraude fiscal, lucha antiterrorista, narcotráfico, etcétera. La policía catalana no asumirá el control del tráfico, a diferencia de la vasca.

En el proceso de negociación se ha descartado que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil puedan depender de la Administración autonómica. Esa posibilidad es coherente con la lógica de la Administración única defendida por Fraga; sin embargo, su aplicación a la Policía y Guardia Civil es vista con recelo por sectores del Partido Popular. El modelo ahora acordado se inspira en un esquema federal que funciona en países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, donde existen cuerpos con amplias competencias territoriales, perfectamente compatibles con otros de ámbito superior especializados en delitos que por su propia naturaleza desbordan los límites de una determinada comunidad.

Tras una década de debates, la revisión del modelo policial catalán se produce cuando la aritmética parlamentaria ha convertido a Pujol en aliado necesario del poder socialista. Sin embargo, analizar el acuerdo en clave de chantaje supone olvidar que se trata de una competencia recogida en el estatuto, por más que durante años el asunto no fuera una prioridad para CiU. Los mossos, unos 2.000 en la actualidad, se habían limitado hasta ahora a tareas de custodia de edificios oficiales y escolta de personalidades, así como a competencias de escasa relevancia pública en áreas privativas de la Generalitat, como la protección de menores o el juego.

Esta situación tan acotada se amparaba en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986, aprobada con los votos de CiU, que relegaba a los mossos a actuar como fuerza subordinada a otras policías. La experiencia globalmente positiva de la policía autonómica vasca, que este mes completa su despliegue territorial, estimuló a las fuerzas políticas catalanas a dar un giro en sus planteamientos. Ahora el problema es de coordinación con las policías estatales -punto débil de la experiencia de la Ertzaintza- a fin de evitar duplicidades y despilfarro de medios técnicos, pero también rivalidades y cotos informativos que perjudican la eficacia del modelo descentralizado.