La inhibición del Gobierno

Durante ocho años dediqué gran parte de mi actividad política como senadora y diputada a estudiar los problemas que, para la sociedad, se derivaban de la actuación de las sectas destructivas y a ayudar a cuantas personas sufrían por esta causa, desde el punto de vista familiar, social y jurídico. Con pena, casi con remordimiento, hace año y medio, abandoné esta tarea; dicho castizamente: tiré la toalla. El motivo no fueron ni las amenazas, ni el miedo, ni el cambio de vida que padecí (tuve que llevar escolta durante dos años).Fueron dos las causas que me obligaron a dejarlo: la cantidad de dinero que me ha costado defenderme en los tribunales de las querellas, cantidad que ni mi sueldo ni mi familia podían ya soportar y, la más importante: la sensación de soledad y de impotencia que me dominaba. Frente a un Goliat superpoderoso, me he sentido como un David que no tenía en sus manos ni siquiera la honda bíblica. Los medios de comunicación me llamaban siempre que surgía la noticia de un nuevo caso trágico provocado por estas organizaciones; daba datos, llenaba páginas escritas, programas de radio y televisión, participaba en debates y luego se volvía al silencio. Organizaciones, instuciones, asociaciones me pedían conferencias sobre este asunto (muchas veces boicoteadas por las mismas sectas), llenaba los salones y después, otra vez el silencio. Alcaldes, concejales, diputados, altos cargos, citaban mis libros sobre el problema como referencia cuando querían quitarse de encima el problema y tras ello, más silencio.

Los ciudadanos a quienes he ayudado, unas veces con éxito y otras sin él me juraban apoyo y agradecimiento eternos. Pero todas estas actuaciones provocaban demandas y querellas en los tribunales por parte de las sectas de las que me he tenido que defender yo sola, porque, pese a las promesas, primaba el "tengo miedo a esa gente", "no quiero recordar el infierno que pasé" o "ella se ha metido en esto voluntariamente, ¡qué se las arregle!".

Y la impotencia ha sido mayor ante la inhibición del Gobierno y del Parlamento. El 17 de febrero de 1986 presenté en el Congreso de los Diputados una moción, consecuencia de una interpretación, que tenía dos propuesta:

1. "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir plenamente la resolución del Parlamento Europeo de 1984 sobre una acción común de los Estados miembros de las comunidades europeas a raíz de las diversas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan al amparo de la libertad religiosa".

2. "El Congreso de los Diputados acuerda crear una comisión de estudio que estudie en profundidad la situación actual de las sectas seudorreligiosas en España y analice las repercusiones de su actividad en nuestra sociedad".

La comisión, formada por un diputado de cada grupo parlamentarlio, realizó un trabajo importante y serio durante un año, y el 2 de marzo de 1989 emitió un informe y 11 propuestas de resolución que implicaban actuaciones para casi todos los ministerios y que fueron aprobadas prácticamente por unanimidad. Estas propuestas no eran la panacea para acabar con la actuación ilegal de los grupos sectarios, eran sólo un primer paso para detener su avance, y la fórmula para alertar e informar a todas aquellas instituciones y ciudadanos que no conocían para nada este problema y podían ser fácilmente sus víctimas; además, serían cauce para ir avanzando en este terreno.

Pero para ponerlas en práctica se necesitaba voluntad política por parte del Gobierno (y no la ha habido) y alguien que se ocupara de seguir su cumplimiento día a día; yo había dejado de ser diputada y nadie ha recogido el testigo. Por eso, cada vez que surge otra vez una tragedia provocada por las sectas, sólo queda repetir por dentro esa frase tan antipática: "Ya lo decía yo...", y la sensación frustrante de un trabajo no terminado por falta de apoyo de quien lo podía haber dado si hubiera querido.