Cáritas, denunciada por "desvío" de una subvención para le gitanos portugueses

La Asociación pro Derechos Humanos de Astorga (León) ha interpuesto una denuncia en el juzgado de instrucción número 2 de esta población contra el delegado diocesano de Cáritas, el sacerdote Anselmo González, y la directora local de la institución por la presunta desviación de ocho millones de pesetas del Ministerio de Asuntos Sociales, concedidos hace tres años para realojar a varias familias de gitanos portugueses dentro del programa Solidaridad. La subvención no recayó en estos gitanos, que atraviesan hoy una situación insostenible, aunque el ministerio aseguro ayer a este periódico que la inspección comprobó que el programa se había cumplido.La treintena de gitanos, la mitad niños, viven desde hace más de un año hacinados y proscritos en una vieja casa de Renfe en el extrarradio de Astorga, denominado El Pozo del Olvido, enfermos todos de hepatitis y sin asistencia médica. Dos de los pequeños están pendiente de una biopsia hepática por si procede el tratamiento médico con Interferol. Más de la mitad son minusválidos psíquicas, reconocidos por el Inserso, con pensiones mínimas.

Las familias lusas viven en Astorga desde hace unos siete años, pero en los tres últimos han sufrido una serie de vicisitdes y demostraciones de racismo y xenofobia que les ha situado en un punto límite. En un principio, habitaban un grupo de chabolas situadas en un terreno privado en el centro de la ciudad, sin agua corriente ni luz eléctrica, pero con permiso del propietario. El párroco del barrio Puerta del Rey, don Gonzalo, era el único que ayudaba al colectivo.

La fuerte presión vecinal derivó en la demolición de las chabolas por parte del Ayuntamiento que preside Juan José Alonso Perandones (PSOE) con el fin de que los gitanos portugueses se trasladaran a otra población. No obstante, todos se encuentran empadronados en Astorga y esta situación ha tenido que ser a veces certificada por un notario ante la negativa de algunos funcionarios municipales a reconocerles esta situación administrativa.

Intervención policial

La silenciosa protesta entonces del colectivo marginal ante la casa consistorial y ante la sede de Cáritas concluyó con la intervención de la policía local con gases lacrimógenos, a pesar de la presencia de un gran número de niños. El sacerdote responsable de Cáritas, Anselmo González dijo ayer a EL PAÍS que la subvención ministerial sólo alcanzó "para pagar el sueldo de un asistente social" y realojar a dos familias necesitadas de la ciudad, una de ellas portuguesa, que no suscitaban el rechazo vecinal en el barrio como el colectivo luso. Este realojo fue pactado con el alcalde para evitar más problemas de índole racial, después de permanecer ambas casas vacías más de un año por diversos altercados vecinales a causa de este motivo.