Intelhorce presento ayer suspensión de pagos ante un juzgado malagueño
Los responsables de la empresa Intelhorce presentaron ayer ante un juzgado de Málaga el expediente de suspensión de pagos de la sociedad. Los trabajadores de General Textil España, antigua Intelhorce, aprobaron un calendario de movilizaciones de protesta contra el anunciado cierre de la factoría mientras aguardan los resultados de la mediación de la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Industria, Turismo y Comercio, Antonio Pascual, ha convocado para la próxima semana una reunión con responsables de Patrimonio del Estado.
El calendario aprobado contempla una serie de acciones "suaves" con las que se intenta concienciar y sensibilizar, a la sociedad de Málaga previamente a la convocatoria de una gran manifestación en la ciudad en favor del mantenimiento de la actividad en la factoría. De momento se ha descartado cualquier convocatoria de huelga ya que, según relató el secretario provincial de CC OO, Francisco Gutiérrez, "lo importante es que toda la ciudad y la provincia tomen conciencia de que el mantenimiento de Intelhorce es cosa suya y que todos tenemos que luchar juntos". Gutiérrez ha llamado a la población de Málaga a hacer de la lucha por Intelhorce "la otra Santana de Andalucía".Aunque el consejero de Trabajo, Ramón Marrero, afirmara que Patrimonio no presentará el expediente de extinción de empleo, Economía, difundió un comunicado en el que ratifica la inviabilidad de la compañía. En la nota se recuerda que el Estado ha aportado a Intelhorce 52.250 millones de pesetas desde 1980 y que, "a pesar de las cuantiosas ayudas públicas, Intelhorce es una empresa inviable en su configuración actual, que requiere un replanteamiento radical, apoyando el futuro sobre nuevas bases industirales, organizativas, comerciales y financieras". Patrimonio ha convocado para el lunes una reunión con el comité de empresa.
Por su parte, la coalición Izquierda Unida-Los Verdes ha instado al Gobierno andaluz a cumplir sus compromisos con Intelhorce y ha recordado en este sentido una resolución aprobada por unanimidad del Parlamento autonómico el pasado 21 de septiembre en la que se muestra el "más profundo rechazo a cualquier proyecto de Patrimonio que signifique avanzar en el desmantelamiento de la industria malagueña y en la progresiva reducción de plantilla".
El consejero de Trabajo, partidario de la suspensión de pagos, pero no de la extinción de los contratos ni de la liquidación de la empresa planteadas el miércoles por Patrimonio, informó ayer que existen contactos con algunos grupos privados para la venta de Intelhorce que en algún caso podría suponer el cambio de actividad de la fábrica. Marrero pidió por ello prudencia a los sindicatos y partidos antes las movilizaciones.
