Una acción discutible

La justificación de la actual intervención militar de Estados Unidos en Haití abre un interesante abanico de reflexiones. Por una parte, para quienes recuerdan la historia intervencionista de Washington en los Estados de su hemisferio, no deja de ser atractiva la idea de que, por una vez, los marines estadounidenses no desembarcan en un país americano para derrocar a un presidente democráticamente elegido y apoyar una dictadura militar, sino precisamente para todo lo contrario. Pero si tal idea puede animar a los partidarios de la intervención, muchos son los que dudan de que la democracia pueda establecerse en una sociedad desplegando en su seno un ejército de ocupación. Anthony Lake, consejero de Seguridad Nacional del presidente Clinton, comentaba en mayo de 1994 que, con frecuencia, EE UU no podría resolver los problemas de los demás y "jamás construirles sus Estados". Parece que esto es lo que se quiere hacer en Haití.Pero dejando de lado éstas y otras impresiones subjetivas, conviene intentar aplicar a esta operación militar los criterios que en la actualidad son de uso común para legitimar el recurso a la guerra. La justicia de la causa parece suficiente: poner fin a una brutal dictadura y reponer al presidente elegido por su pueblo. Que este criterio no se aplique en otras ocasiones y que se pueda hablar con razón de una doble medida, no lo hace aquí menos válido. La rectitud de intención es ya más discutible. Muchos son los que consideran que esta operación tiene más que ver con la restauración del prestigio del presidente Clinton que con el restablecimiento de los derechos humanos en Haití y la reposición del presidente Aristide. Valorar la legitimidad de la autoridad que ordena la intervención es terreno todavía más delicado. Conociendo el sistema cerrado en el que actúa el Consejo de Seguridad de la ONU y la forma en que en su seno se adoptan las resoluciones, es más que evidente que la decisión relativa a esta intervención reside exclusivamente en la Casa Blanca. La búsqueda de aliados que compongan una "coalición multinacional" parece confirmar la idea. Aunque en una segunda fase -de la que todavía apenas se sabe nada- entren en acción las fuerzas de pacificación de la ONU, lo que hasta ahora ha ocurrido no se diferencia mucho de lo que Bush hizo en Panamá y Reagan en la isla de Granada. Si no es aceptable la autoridad que la ha desencadenado, lo que sí parece más que evidente es que esta operación ha sido un último recurso, agotadas otras vías. Incluso la sorprendente y polémica intervención del trío de negociadores dirigido por el expresidente Carter dejó asentada la idea de que el recurso a la fuerza militar no se adoptaba precipitadamente.

Conviene también analizar, tras los cuatro criterios anteriores, otros tres que afectan sobre todo a la praxis operativa y que configuran el crítico eje donde se articulan política y guerra, poniendo ésta al servicio de aquélla. Las posibilidades de éxito de la operación es el primero. Era imposible dudar del éxito militar de la operación, tan descomunal es la diferencia entre las partes enfrentadas. La existencia de objetivos militares definidos parece, por el contrario, muy dudosa. El almirante jefe del mando del

Atlántico de Estados Unidos, Paul Miller, lo ha recordado recientemente: "... hay que prever qué se va a hacer el día después, de la invasión, una semana después, un mes después, un año después...". En pocos días, las órdenes tácticas cambiaron radicalmente. Los soldados norteamericanos, que inicialmente presenciaron pasivamente la brutal actuación de la policía haitiana contra los manifestantes pro-Aristide, pasaron después a intervenir directamente. Y ahora están resbalando hacia un peligroso papel para un soldado profesional: actuar como un policía. El derecho humanitario exige, en fin, que se puede intervenir sin producir daños desproporcionados a la población civil. Los críticos días en que coexisten las fuerzas de ocupación y las que se hallan a disposición del actual Gobierno van a ser delicados a este respecto. Pero no parece que el nivel de intervención militar pueda producir excesivas "víctimas colaterales".

Un criterio último es el de que se obtenga un resultado final positivo, y que los daños inherentes a toda intervencion militar no sean superiores al mal que con ella se pretende evitar, es decir, que no se agrave aún más la situación anterior. Muchas dudas caben al respecto. Dada la historia pretérita y reciente de Haití (sobre la primera no viene mal releer El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, y Noam Chomsky en Año 501, la conquista continúa, repasa brevemente la segunda), uno se inclina a pensar que la suerte del pueblo haitiano (no la de sus minorías dirigentes) apenas podría empeorar más de lo que ya está con cualquier tipo de intervención militar. El hecho de que de los ocho criterios aplicados cuatro den respuesta afirmativa Í dos negativa y dos dudosa, confirma la percepción expresada en las primeras líneas de que la intervención militar de Estados Unidos en Haití no puede apoyarse incondicionalmente ni rechazarse de forma rotunda.