Convocada huelga general en Italia contra la política de austeridad de Berlusconi

Las principales centrales sindicales italianas convocaron ayer una huelga general de cuatro horas para el próximo 14 de octubre, en protesta contra las medidas de austeridad de los Presupuestos Generales del Estado. Éstos fueron aprobados a las cinco de la madrugada por el Gobierno y pretenden lograr un ahorro de 48 billones de liras (unos 380.000 millones de pesetas). Las medidas deberían permitir mantener el déficit en un objetivo programado de algo menos de 140 billones de liras, equivalentes al 9% del Producto Interior Bruto (PIB).Ya en la mañana de ayer, se registraron paros y manifestaciones espontáneas tanto cerca de Nápoles como en las afueras de Milán, al conocerse las primeras noticias de un plan que los sindicatos han calificado de "inicuo",aunque los empresarios lo consideran insuficiente, sobre todo. porque el Gobierno no recurre en él a la privatización de empresas públicas pata proporcionar ingresos adicionales al Estado.

Dos de las las principales empresas públicas serán privatizadas el próximo año, según anunció el propio Berlusconi ayer, en el trancurso de una triunfalista conferencia de prensa en la que dijo: "En 1995, nuestro PIB crecerá a un ritmo del 2,8%, seremos el primer país occidental en relación con este criterio y el segundo del mundo, solo detrás de Japón, por lo que se refiere al crecimiento económico".

Berlusconi, aunque ha tratado de negociar, no ha podido romper el diálogo con los sindicatos, urgido por la presión de una deuda pública que se eleva al 112% del PIB.

Los 48 billones de reducción presupuestaria se lograrán recortando los gastos en 27 billones de liras, y aumentando los ingresos en 21 billones de liras, sin que implique aumentar impuestos.

La reducción de gastos se logrará, sobre todo, en las pensiones (5 billones de liras), objeto de la única reforma estructural asociada a los presupuestos, y en la sanidad (6,35 billones de liras), ya muy recortada por Ciampi.

La reforma de las pensiones, que representan el 40% del gasto público italiano, es la principal fuente de conflicto con los sindicatos. Su línea maestra es reducir la posibilidad de que los italianos se sigan jubilando en cuanto hayan cotizado durante 35 años, o tras sólo 15 años, si son empleados del Estado. Además, se ampliará gradualmente la edad de jubilación, que hoy es baja -sólo 60 años para los hombres-, se reducirán las pensiones de viudedad y, en general, la proporción del sueldo real devengado al jubilado.