La policía protege a los acusados de la ira de las Madres contra la Droga

La policía tuvo que emplearse ayer a fondo para librar a varios de los acusados en la Operación Nécora de la ira de las Madres contra la Droga, congregadas ante la Audiencia Nacional para conocer la sentencia. La indignación no fue menor entre las fuerzas políticas y sociales de Arosa, la comarca gallega donde residían la mayor parte de los procesados, ante un fallo que consideran demasiado benévolo con los capos del narcotráfico.

Decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres de las asociaciones de Madres contra la Droga de Madrid y el colectivo Érguete [Levántantel de Vigo, se congregaron desde primera hora ante la sede del tribunal. La entrada de los procesados y de sus abogados, que acudieron a conocer el fallo, estuvo acompañada de gritos de "¡asesinos! ¡asesinos!" y de empujones y golpes, como los que recibió el conocido miembro de la jet set Carlos Goyanes.A medida que se conocía el contenido de la sentencia, la crispación fue aumentando. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Lucha contra la Droga, Carmen Avendaño, calificó el fallo de "decepcionante", pues "impone penas muy benignas a la mayoría de los acusados". Además, "el hecho de que Cordero, Charlín y Ayala estén en la calle es absurdo y sumamente peligroso", agregó.

Los gritos subieron de tono. "¡Justicia fascista, miope y terrorista!", coreaban algunos de los reunidos. La salida del condenado Ramón Longa estuvo a punto de provocar una batalla campal, después de que su esposa resultase alcanzada por un bolso. La policía intervino para evitar un linchamiento y una de las manifestastes resultó contusionada.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, no quiso pronunciarse sobre el fallo. "Nunca comento una sentencia, ni para criticarla ni para elogiarla", dijo, tras la toma de posesión de los nuevos gobernadores civiles. "Lo razonable es que los poderes del Estado dejemos trabajar a los otros poderes y mantengamos el respeto institucional", argumentó.

Silencio de Garzón

Belloch se limitó a señalar que su departamento estudia regular la figura del arrepentido, para garantizar su protección. Tampoco el juez Baltasar Garzón quiso opinar sobre la sentencia del caso que él mismo instruyó.

Muy diferente fue la actitud, de la Xunta, que difundió un comunicado en el que manifestaba su "preocupación por el fallo, ya que no es todo lo ejemplarizante que la sociedad esperaba de este proceso", al tiempo que anunciaba su propósito de estudiar la presentación de un recurso. El presidente gallego, Manuel Fraga, dijo a Europa Press TV que la sentencia tiene "muchos aspectos discutibles y criticables".

"Siento rabia e impotencia", declaró José Giráldez, diputado autonómico del PSOE. Para Giráldez, "la sentencia va a ocasionar un perjuicio tremendo," y demuestra que hay "un abismo entre la realidad social y el tribunal que ha juzgado el caso. Si en procesos por narcotráfico no se aceptan como pruebas las grabaciones telefónicas y las declaraciones de arrepentidos, le estamos poniendo la alfombra a los narcotraficante?, dijo.

Nulo efecto disuasorio

Otro socialista, el ex alcalde de Vilanova de Arousa, Sito Vázquez, militante de los movimientos antidroga, acogió con disgusto una sentencia que, en su opinión, no tendrá el efecto disuasorio deseado para evitar que el negocio ilegal se extienda entre las generaciones más jóvenes.

"Se necesita una condena que impidiese que la gente pueda ser reclutada para este tipo de actividades y, en ese aspecto, la sentencia es decepcionante", coincidió el diputado autonómico del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Trigo, quien pidió otra

regulación de los delitos economicos y contra la salud pública.

El alcalde de Vilagarcía de Arousa, el también socialista Joaquín Gago, admitió que el fallo puede producir "insatisfacción", pero se esforzó por ofrecer una visión optimista: "Lo importante es el rechazo social a este tipo de delito. Ésto no ha sido más que el comienzo. Al final, tendrán que caer todos".

No opina igual Manuel Álvarez de Mon, abogado del arrepentido Ricardo Portabales, para quien el fallo es "decepcionante, incomprensible e, incluso, injusto". El letrado pidió la rápida implantación del jurado, ya que, a su juicio, un tribunal popular nunca hubiera dictado esta sentencia, "con la que muchos españoles van a dudar de la eficacia de la Justicia".