Un impuesto especial sobre el juego permitirá financiar obras sociales
El presidente regional, Joaquín Leguina, romperá el monopolio actual que disfruta el único casino de la Comunidad en Torrelodones, que el año pasado ingresó 46.500 millones, y permitirá la creación de nuevos casinos. Esta iniciativa, actualmente en estudio, está pendiente de que Madrid reciba en octubre la competencia sobre el juego. El Gobierno regional aplicará un recargo al impuesto estatal del juego para financiar directamente servicios sociales. Este tributo permitirá ingresar unos 5.000 millones en las arcas regionales.
El casino de Torrelodones recibió el año pasado medio millón de visitantes, que se gastaron de media cada uno 16.325 pesetas. Este local, en el que trabajan ahora 775 empleados, se montó según la normativa vigente en 1977, que no permitía casinos ni en el casco ni en la zona metropolitana de las ciudades con más de 300.000 habitantes. La periferia de Madrid finaliza por él noroeste precisamente pocos kilómetros antes, en Las Rozas.La Comunidad, según estudios de la Consejería de Hacienda, que será la competente en esta materia, entiende que aquella situación de monopolio "es hoy injustificada y debe ser superada". Primero se pretende acabar con el monopolio y permitir la creación de nuevos casinos. Esta permisividad no será, en cualquier caso, indiscriminada. La propuesta con mayores posibilidades, en estos momentos, se encamina a favorecer un casino para la zona sur de la región y otro en el centro de Madrid. Este último sería de acceso limitado al concederse a una entidad privada o fundación cultural para beneficio de sus socios.
Retrasos
La transferencia sobre el juego, ahora en última fase de negociación, lleva -como sucede con otras competencias- muchos meses de retraso. La Comunidad de Madrid ha encontrado un escollo difícil en las conversaciones ahora en marcha con el Gobierno central que se podría resolver esta próxima semana.
El Ministerio del Interior, presente en la mesa que discute los traspasos a la Comunidad junto con el Ministerio de Administraciones Públicas, no se decide a comprometerse por escrito sobre el grado de cumplimiento que mantendrán sus inspectores de la Brigada del Juego cuando se formalicen las transferencias.
El Gobierno autónomo dispondrá de un cuerpo propio con una veintena de inspectores de hacienda para vigilar las posibles infracciones, pero la policía continuará también con esta función. Interior, sin embargo, no quiere especificar cuáles serán sus actuaciones porque tampoco lo ha hecho con Castilla-León y con Aragón, autonomías con las que ya ha firmado el traspaso. Madrid, sin embargo, replica que en esta comunidad se concentra el 45% del negocio del juego legalizado de toda España.
Infracción
La Comisión Nacional del Juego, organismo dependiente de Interior, firmó el año pasado 378 actas de infracción en la región, aunque inició expedientes sobre 445 casos. Las infracciones que se penalizaron con sanciones económicas fueron 304, con las que se recaudaron en multas 217 millones. El 83% de las infracciones se impusieron a locales de máquinas tragaperras, bien porque éstas no estaban homologadas o porque estaban trucadas. El 14% restante de las multas se localizaron en bingos.
En el casino de Madrid no se observó ninguna irregularidad, a pesar que los inspectores realizan visitas prácticamente diarias. Los responsables de la hacienda regional defienden que Interior debe, cuando menos, continuar con ese nivel de vigilancia.
El Gobierno autonómico se hará cargo inmediatamente de la regulación a su manera de este lucrativo sector pero no recibirá todavía los 44.000 millones que el Ministerio de Hacienda ingresa anualmente en Madrid con el impuesto aplicado a este juego. Si se reclamara esa financiación se superarían los ingresos del Estado en relación a las competencias en vigor, con lo que Madrid no podría acoger ya la gestión del 15% del IRPF.
Más dinero para las arcas
Los estudios preparados en la Consejería de Hacienda persiguen sobre todo -según la filosofía que da sentido a este departamento- recaudar más dinero para las arcas autonómicas. El Ministerio de Hacienda ya aplica un impuesto muy elevado a las actividades relacionadas con el juego.El tipo tributario general sobre el juego está en el 20%. Los casinos, además, soportan un recargo especial según la cuantía de la recaudación. Sobre los primeros 300 millones se aplica una tasa del 35%, hasta 600 millones se eleva al 42% y cuando se supera esa cantidad llega al 50% de los ingresos brutos; es decir, lo recaudado menos los premios repartidos. Por cada máquina tragaperras, se abona entre 125.000 y 170.000 pesetas. Y en los bingos el Estado se queda con el 20% del precio de cada cartón.
El objetivo de la Comunidad, al recibir esta transferencia, es sacarle también jugo económico. La Consejería de Hacienda prepara otro gravamen más, que podría oscilar entre el 5% y el 10%. El dinero se recibiría directamente y la recaudación total se calcula en unos 5.000 millones de pesetas.
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