El impulso autonómico

El Estado español democrático se ha construido, desde su nacimiento, en el trabajoso proceso de transición sobre cuatro pilares fundamentales: el Estado social, las libertades y derechos ciudadanos, la integración en Europa sobre bases de solidaridad y, muy especialmente, la autonomía de nacionalidades, regiones y municipios.Sin embargo, desde la segunda mitad de los años ochenta, la gestión de los Gobiernos de González ha ido deteriorando algunos de estos puntos básicos, y puede decirse que hoy entramos en un momento político de gran trascendencia, en una encrucijada para la orientación futura de nuestra democracia.

En efecto, el Estado social ha sufrido el choque no sólo de un nivel de paro insoportable, sino también de una política económica que pivota sobre la idea de que todo avance en la competitividad se producirá sólo si se flexibiliza y precariza el empleo. El sistema de libertades ha pasado por un periodo de recortes sistemáticos practicado bajo la égida del ministro Corcuera, de lo que son hitos conocidos la ley de la patada en la puerta, la de protección de datos y la de reforma de la ley de asilo, todas ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional. La integración europea no gira sobre orientaciones progresistas; se habla de varias velocidades en el proceso de unión económica y monetaria, escenario en el que la voz decidida del Gobierno español no se escucha.

Por último, el Estado de las autonomías, que ha ido progresando lentamente, atraviesa una etapa de fuerte confusión e indefinición, condicionado a su vez por el creciente protagonismo en el área de gobierno de partidos nacionalistas conservadores, que no ha contribuido a la dinamización y cohesión del proceso. Por el contrario, ha servido de pretexto para el desencadenamiento, desde los medios ideológicos y políticos de la derecha españolista, de una campaña de desprestigio del Estado autonómico y de recuperación de los viejos tics centralistas preconstitucionales, que significa un riesgo aún no suficientemente valorado para la estabilidad del sistema democrático.

Debe enfatizarse en algunos de los problemas no resueltos que hoy tiene el Estado de las autonomías: la duplicidad y los desequilibrios competenciales de las comunidades autónomas, la financiación de sus crecientes gastos a través de subvención estatal y no de corresponsabilidad fiscal, la impotencia de algunas instituciones autonómicas, la indefinición del esquema global y la confusión en cuanto a su futuro. El Estado de las autonomías, pues, ha tenido una consolidación evidente, pero un crecimiento desordenado y presidido por la permanente tensión bilateral entre centro y periferia, sin una participación real de las comunidades autónomas en la dirección política del Estado. Es una situación grave de parálisis porque no hay alternativa al Estado autonómico, que vino a intentar solucionar el secular problema de la articulación del Estado español, en cuyo interior conviven diversas nacionalidades que desean una estructura integrada, que respete la diferencia y, por tanto, la autonomía política de las partes.

Hay que recordar que el movimiento nacionalista fue uno de los que concurrieron con el conjunto de las fuerzas democráticas a la lucha antifranquista, y a conformar el entramado de energías que dirigen la transición a la democracia en España. Es necesario hoy un fuerte impulso político que clarifique el desarrollo de las autonomías, pieza clave del Estado, porque no es una fórmula para su progresiva desmembración, sino para su integración más libre.

El Estado federal es un objetivo a medio plazo, lo que requerirá, en su momento, un amplio pacto constitucional. Pero las dificultades de ese pactó no impiden plantearse -ahora- un gran acuerdo entre las fuerzas políticas para el desarrollo del Estado, con arreglo a los siguientes puntos fundamentales de reforma e impulso del Estado autonómico:

1. Evolución inmediata del reparto competencial. Sin cerrar por completo el esquema de reparto competencial, debe ejecutarse, de inmediato, la transferencia efectiva a las comunidades autónomas de todas las competencias incluidas en sus respectivos estatutos y, en función de ello, reformar las correspondientes leyes de bases estatales que puedan interferir o vaciar de contenido tales competencias. Ello con una estricta igualación de las competencias comunes a varias comunidades autónomas.

Debe reconocerse, en todo caso, el derecho de las comunidades autónomas a impulsar su propio desarrollo político.

2. Reforma institucional: Parlamentos autonómicos; administración del Estado y administración municipal. Hay que reformar los estatutos de autonomía, de modo que se establezca un control político real de la actividad de los Gobiernos autonómicos con las técnicas de un verdadero sistema parlamentario (ampliación de periodos de sesiones, disolución, controles constantes a los e ecutivos). Esto complementado con una reforma de las legislaciones electorales autonómicas que implante efectivos sistemas proporcionales. Sería necesario ir a una desaparición paulatina de la Administración periférica del Estado central y a un traspaso de la ejecución a las Administraciones autonómicas, así como a una transferencia de competencias desde las comunidades autónomas a los Ayuntamientos, a través de un modelo pactado a nivel estatal.

3. Participación de las comunidades autónomas en la dirección del Estado; reforma constitucional del Senado. Esta es la reforma constitucional que consideramos esencial e inmediata, y que puede conseguir consenso suficiente para llevarla a cabo a corto plazo, dada la ineficacia del modelo actual de Senado para los objetivos del Estado de las autonomías.

La Comisión General de Autonomías no conduce a cambios reales. Se necesita una reforma constitucional para que el Senado deje de hacer una segunda lectura legislativa y para convertirlo en cámara de garantías del proceso autonómico. La reforma tendría como puntos más destacados: circunscripción electoral en la comunidad autónoma, apertura de listas, sistema electoral mixto, presencia con voz y voto de los Gobiernos autonómicos en la Cámara (que representarían un tercio de los miembros de la misma), competencia legislativa sólo en las leyes de contenido autonómico. El Senado tiene que configurarse como una sede de comunicación entre comunidades autónomas, y con el Estado; en especial, en los asuntos económicos, financieros y sociales. El Senado es el lugar en donde acordar las bases de financiación de los presupuestos autonómicos, y la posición a adoptar por el Estado en la Unión Europea, en cuestiones que afecten a las comunidades autónomas. Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior

4. Reforma financiera: corresponsabilidad físcal. El sistema financiero de las comunidades autónomas descansa preferentemente sobre subvenciones estatales (el 70%), con un 15% de participación en recursos estatales o cedidos y un 15% de endeudamiento (creciente y desbocado en algún caso). Hay que cambiar la estructura de este sistema de financiación para ir haciendo descender lap arte de subvención y aumentando la parte que tiene naturaleza fiscal directa.

Esto requiere una reforma a fondo de la LOFCA y del Fondo de Compensación Interterritorial, que salvaguarde el principio de la solidaridad y asegure la prestación en pie de igualdad de los servicios públicos transferidos.

Para una reforma de esa entidad es necesario un pacto financiero que implique al Gobierno, a las fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, para que las distintas autonomías financieras propias de un Estado políticamente descentralizado no impida la convergencia real de las nacionalidades y regiones.

5. Participación de las comunidades autónomas en la voluntad del Estado ante la Unión Europea. Para ello, aparte de la presencia en el comité de las regiones las comunidades autónomas tienen que actuar en el nivel parlamentario (la reforma del Senado es así doblemente necesaria) y en el Ejecutivo, con la participación de funcionarios autonómicos en las comisiones técnicas de la Comisión Europea y del Consejo, con la institucionalización de conferencias sectoriales previas a los Consejos de Ministros, y con la presencia de las comunidades autónomas en el Coreper. Sólo un impulso político del tipo del planteado puede hacer salir a la construcción del Estado español de la peligrosa desorientación en que se encuentra.

Diego López Garrido es diputado de IU y catedrático de Derecho Constitucional.