Siete años de cárcel para un ex consejero de la Generalitat

Jordi Planasdemunt, ex consejero de Economía y ex director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat de Cataluña, participó activamente y con ánimo de lucro en la emisión de los pagarés falsos de BFP, una sociedad de Barcelona que entre 1990 y 1992 estafó 2.300 millones de pesetas a centenares de pequeños inversores. La Audiencia de Barcelona condenó ayer al ex consejero a siete años de cárcel por la estafa y a otros ocho de inhabilitación por prevalimiento de cargo público, ya que simultaneó su puesto en el ICF con sus negocios financieros privados. Otro socio de BFP y cinco empresarios han sido condenados a penas de entre siete y diez años de cárcel por estafa y falsedad. Los jueces no dejan lugar a dudas sobre que el ex director del ICF se aprovechó de su cargo para sus negocios privados, extremo negado reiteradamente por Planasdemunt en el juicio, celebrado el pasado mes de julio.

La Sección Novena de la Audiencia señala en la sentencia que los inversores confiaban en bondad de los pagarés que emitió BFP tanto por la apare solvencia de trabajos de las en presas que los giraban contra facturas de grandes compañías -Telefónica y Repsol entre ellas- como, sobre todo, "por perfil de los socios de BFP". De esta sociedad, la sentencia afirma "que tenía una gran proyección en los círculos financieros catalanes debido, en parte, la solvencia pública de Jordi Planasdemunt, director del ICF cargo que le proporcionaba información privilegiada y, en parte, por el prestigio del empresario -ya fallecido- Salvad Forcadell, dueño del emporio inmobiliario Fincas Forcadell". L primera inicial de la sociedad BFP corresponde al nombre Juan Basols, también socio de la firma y condenado.

Planasdemunt, de 72 años y economista, fue consejero de la Generalitat entre los años 1982 y 1983, y en 1990 asumió la dirección del ICF, un organismo de pendiente del Departamento de Economía encargado de la con cesión de créditos y avales oficia les a empresas privadas.

El ICF, sustituto de otro organismo similar denominado CARIC, ya había sido objeto de numerosas críticas de la oposición en el Parlamento catalán por conceder avales públicos a empresas vinculadas a personalidades del Gobierno de la Generalitat o de Convergència i Unió.

El bloqueo de Eligio Hernández

En el caso de la CARIC, la fiscalía de Barcelona presentó una querella contra diversos altos cargos por malversación de caudales públicos que fue paralizada por el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, quien sin embargo admitió que el caso des prendía "cierto aroma de corrupción".

La estafa se destapó en septiembre de 1992, cuando cientos de inversores acudieron a los tribunales al ver que sus ahorros -en parte, negros- depositados en los pagarés de BFP se habían esfumado. Planasdemunt y el resto de los encausados fueron detenidos por orden del juez Lluís Pascual Estevill.

La técnica del fraude queda precisada en la sentencia, que deja claro que el ánimo fue obtener be neficios. El fallo señala como el artífice del fraude a Basols, quien "con el conocimiento y consentimiento de Jordi Planasdemunt" se puso de acuerdo con los empresa rios de ANISA, OMISA, Euro maquinaria y Dynamic.

El trato consistía en que BFP captaba dinero de inversores en unos pagarés girados indistinta mente por las cuatro empresas contra la garantía de los trabajos y servicios que estas prestaban a grandes compañías, como Repsol o Telefónica. Estas compañías ignoraban lo que ocurría.

El problema es que las facturas que las empresas -de indudable solvencia- tenían pendientes de pago a las firmas eran muy inferiores al volumen de los pagarés puestos en circulación. Simplemente, se falsificaban las cifras añadiendo ceros.

De la actuación de Planasdemunt en la estafa, el tribunal afirma que no fue "meramente contemplativa, sino activa". La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Javier Arzúa Arrugaeta, explica detalladamente cómo actuaba el ex consejero y recoge las declaraciones de 12 testigos en el juicio.

Algunos de éstos eran empleados de BFP que aseguraron ue Planasdemunt iba dos o tres veces por semana a las oficinas de BFP; otros eran inversores que contaron que el ex consejero les dio personalmente en las oficinas de BFP "total garantía" respecto a los pagarés. El tribunal no cree la versión de Planasdemunt, quien en el juicio aseguró que sólo iba a BFP a consultar las cotizaciones de Bolsa.

El ex consejero aseguró al tribunal que al ser nombrado director del ICF, en enero de 1990, pidió a Basols que le retirara del consejo de BFP, donde tenía el 36% de las acciones. El tribunal no lo ha creído porque no se reflejó en el Registro Mercantil y porque "son múltiples los testimonios que indican la actividad de Planasdemunt en las oficinas", añade el fallo.

Versión de Alavedra

Los magistrados se ciñen a la declaración del actual consejero de Economía de la Generalitat y superior jerárquico de Planasdemunt, Maciá Alavedra, durante el juicio, en el que aseguró que le había advertido de la incompatibilidad del cargo con actividades ejecutivas en empresas privadas.

La sentencia niega que Planasdemunt pidiera autorización para seguir al frente de consejos de administración. En su comparecencia ante el tribunal, Alavedra también fue interrogado insistentemente sobre los motivos por, los que no destituyó a Planasdemunt cuando se enteró de que seguía vinculado a BFP. De acuerdo con sus afirmaciones ante el tribunal, en la primavera de 1992 ya conocía la situación de su subordinado. Sin embargo, Planasdemunt permaneció en el cargo hasta su detención.

El consejero se justificó diciendo que Planasdemunt le "Inspiraba confinza". El hecho de que Alavedra no destituyera a Planasdemunt fue objeto de múltiples críticas de los partidos de la oposición catalana.

El ex director del ICF ha sido absuelto de falsedad en documento porque el tribunal estima que el que falseaba los pagarés era Basols, a quien ha impuesto por ello dos años de prisión, además de los ocho por estafa.

Los empresarios Francisco Esteve Corbella, Francisco Esteve Head, Jaume Corcoll Virgili, Margarida Corcoll y José Ignacio Pujadas han sido condenados a siete años cada uno, seis por estafa y uno por falsedad.

Los condenados también deberán hacer frente a las indemnizaciones a los inversores con cerca de 1.000 millones de pesetas. El tribunal no ha ordenado la ejecución de la sentencia, en parte por los previsibles recursos de las defensas de los acusados.

Quienes salen absueltos son tres empleados e intermediarios en la colocación de los pagarés, un agente de cambio y bolsa, y Carmen Company, viuda de Salvador Forcadell, socio de BFP e inicialmente encausado, que falleció posteriormente.