Rubio se muestra satisfecho por la anulación de las actuaciones del Juzgado 21 de Madrid
Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, se mostró ayer relativamente satisfecho por la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular las actuaciones y la apertura del juicio oral decidido por la titular del juzgado número 21 que instruye el sumario por el denominado caso Ibercorp. Sumario surgido como consecuencia de la ocultación de algunos nombres de personas que vendieron, en el verano de 1990, acciones de Sistemas Financieros y del posible trato de favor que los responsables de Ibercorp habrían tenido con algunos clientes en detrimento de otros. Para Rubio, la decisión de la Audiencia Provincial tiene importancia porque obliga a la juez a razonar Ias acusaciones concretas e impide que se realice un relato general de lo que, presuntamente, ocurrió en el verano de aquel año y que se haga, un único paquete con todos los hechos y todas las personas.Mariano Rubio destacó ayer que el fiscal que actúa en ese sumario no había presentado calificaciones ni contra él ni contra su familia y que se había adherido a los recursos presentados por los abogados defensores ante la Audiencia Provincial, lo que le permite albergar ciertas esperanzas de que finalmente podrían acabar no siendo encausados, ni él ni sus familiares, en este sumario. La juez había decidido abrir juicio oral por ocho presuntos delitos a 11 personas, entre las que se encontraban Rubio y algunos familiares suyos -una hermana, su marido y un primo-, junto a Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, máximos responsables de Ibercorp.
El otro sumario
Este sumario no tiene nada que ver con el que instruye el titular del juzgado numero 6 de Madrid contra Rubio y De la Concha por posibles delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad de documento público. Este sumario se originó al descubrirse que Rubio mantuvo en el despacho del agente de cambio y bolsa De la Concha una cuenta de valores que mantuvo oculta a Hacienda. La inspección fiscal cree que, en relación a 1988, Rubio tiene una deuda tributaria de 13 millones de pesetas, al haber ocultado un año antes unos ingresos de 115 millones. De la Concha cometió presuntamente un delito de falsedad documental al haber firmado pólizas de compraventa de títulos, efectivamente realizados por Rubio, pero que figuraban a nombre de sociedades inexistentes.La inspección de Hacienda hizo un informe provisional sobre el ejercicio fiscal de 1988, último que no ha prescrito todavía, que sirvió de base para que la fiscalía de Madrid presentara una querella. A partir de ahí, la actuación de la inspección de Hacienda se ha paralizado, en torno a Rubio y al resto de personas implicadas en la compra, y posterior salida a bolsa, de Sistemas AF, operación que generó unas plusvalías calculadas en torno a los 2.000 millones de pesetas.
Las decisiones judiciales parece que se orientan en favor de Rubio, ya que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido archivar las diligencias iniciadas contra el gobernador por un supuesto delito de evasión de capitales a Suiza.
El otro frente que Rubio tiene abierto es la comisión de investigación del Congreso que investiga su patrimonio y el posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias mientras estuvo al frente del banco emisor. Mariano Rubio debe volver a comparecer ante la comisión el próximo martes y ayer mostraba un cierto escepticismo al respecto, ya que no entendía cómo el presidente de la comisión había hecho manifestaciones públicas señalando, antes de terminar los trabajos, que hubo tráfico de influencias.
