El director de la Agencia Tributaria cesa y culmina una cadena de dimisiones en Hacienda

El director de la Agencia Tributaria, Abelardo Delgado, hizo ayer pública su dimisión. Se trata de la última en una cadena de ceses que, desde principios del verano, ha afectado a los puestos claves de la Secretaría de Estado de Hacienda. Es la desintegración de un equipo que apenas hace un año había nombrado su titular, Enrique Martínez Robles. Delgado alegó "razones personales" pero un día antes de su dimisión mostró su insatisfacción con los resultados de la lucha contra el fraude y no defendió el mantenimiento en, cinco millones del límite para el delito fiscal. También se ha marchado la directora general de Inspección, Magdalena Álvarez, que será sustituida por el jefe de la Oficina Nacional de Inspección, Luis López Ibáñez.

La dimisión de Abelardo Delgado ha seguido a las del secretario general de Presupuestos, Julio Viñuelas; la interventora general del Estado, Purificación Esteso, y, en los últimos días, la directora general de Inspección, Magdalena Álvarez. El caso de Abelardo Delgado, 38 años, es el último conocido y también el de mayor calado. Bajo su responsabilidad estaban unos 26.000 funcionarios y las tareas de inspección, recaudación y gestión; es decir, las que tienen relación directa con los contribuyentes.Delgado insistió ayer en que las razones de su cese son "estrictamente personales". "Me iré un mes a su casa y después", como inspector de finanzas del Estado,

me buscaré un sitio". Ha sido sustituido por Juana María Lázaro, una asesora del ministro Pedro Solbes. Fuentes del entorno de Abelardo Delgado dijeron ayer que "su puesto quema mucho".

Sin embargo, el pasado jueves, en el curso sobre Evasión y fraude fiscal organizado por Jaime García Añoveros en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Delgado desveló con una dureza inusitada lo que ahora se puede interpretar como algunas de las claves de su dimisión.

Dijo que el modelo de inspección "está agotado"; que empresarios y profesionales son los colectivos que alimentan los circuitos del dinero negro, que en España no existe seriedad en la información contable y que la decisión sobre la cuantía del límite para considerar un fraude como delito fiscal es "política".

No defendió, pues, la decisión del Gobierno de mantener en cinco millones de pesetas este límite -en lugar de los 15 millones propuestos por Hacienda- que esta semana fue criticada por el presidente de la' Audiencia Nacional, Clemente Auger, lo que levantó una considerable polémica.

También descalificó la cuantificación del fraude fiscal, de la que dijo que es "inútil y poco rigurosa". Días antes, en ese mismo curso, el director del Instituto de Estudios Fiscales, Juan Antonio Garde, valoré el fraude en tres billones de pesetái-. Estas últimas declaraciones han provocado también un fuerte malestar en el ministerio. Oficialmente, se considera que divulgar esta cifra tan espectacular puede desmoralizar a los que pagan impuestos.

El primero en abandonar el barco fue, antes del verano, el secretario general de Presupuestos, Julio Viñuela, en plena elaboración del proyecto para el año próximo y a las puertas de las complicadas negociaciones con CiU. Viñuela, esposo de la ex consejera de Banesto Paulina Beato, también alegó "razones personales" para marcharse a la Embajada española en Washington. Viñuela quería "poner tierra de por medio" tras la intervención de la entidad por el Banco de España.

Otro área importante, la Intervención General del Estado, fue abandonada por Purificación Esteso por esas mismas fechas. La dimisión de Esteso respondió a que no quiso asumir en solitario y públicamente la responsabilidad sobre la falta de control del gasto público que revelé la actuación del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

Esta semana se ha conocido también el cese de Magdalena Álvarez como directora general de Inspección apenas un año después de su nombramiento. Magdalena Álvarez se ha ido con Manuel Chaves a la Junta de Andalucía como consejera. Será sustituida por el actual jefe de la Oficina Nacional de Inspección, Luis López Ibáñez.