Referéndum en el aire
EL HECHO de que se hayan puesto en marcha las operaciones de identificación de las personas con derecho a votar en el referéndum organizado por la ONU para que el pueblo saharaui decida entre su independencia o su incorporación a Marruecos tiene gran importancia: es un paso hacia el cumplimiento de una decisión de las Naciones Unidas que lleva ya muchos años pendiente, con el peligro constante de que el proceso pacífico descarrile y de que se cierren los caminos de la sensatez. Una comisión de la ONU, con el diplomático británico Erik Jensen al frente, vigila las operaciones, con la presencia asimismo de observadores de la Organización de la Unidad Africana (OUA).Para la política de España, el referéndum en el Sáhara es fundamental. No podemos verlo ni como un tema secundario ni como algo derivado de conflictos de otra naturaleza. Nuestra diplomacia tiene un interés directo en que se resuelva de la mejor manera posible. España, el último país que fue potencia colonial en el Sáhara, se comprometió, al abandonarlo, a que el pueblo saharaui decidiría su futuro. Cuando España retiró sus tropas entregó a Marruecos la administración de ese territorio, pero nunca su soberanía. Dejó claro que ésta sólo sería fijada por el propio pueblo saharaui. Ello explica que España se preocupara de confeccionar el único censo existente de la población del Sáhara occidental. Censo que precisamente ahora está en el centro de la polémica sobre la forma en que debe llevarse a cabo la consulta.
En la actual coyuntura, el principal peligro para el referéndum es el brusco empeoramiento de relaciones entre Marruecos y Argelia. Aunque las causas de este empeoramiento sean completamente distintas, no cabe duda de que podrían tener efectos muy negativos. Por ello, y por razones de índole más general, España está muy interesada en que las relaciones argelo-marroquíes superen cuanto antes su actual fase de tensión; y no debería escatimar esfuerzos para ayudar, en lo que pueda, a ese objetivo.
Por otra parte, un incidente interior de la comisión de la ONU -la retirada, por razones de carácter personal, de uno de los observadores- ha determinado que en estos momentos estén suspendidas las operaciones de identificación. Resulta incomprensible que la ONU -que ya ha sufrido tantos retrasos en el tema del Sáhara- no tuviese previsto un mecanismo de sustitución de los observadores para el caso de que se produjese una defección personal.
No se puede olvidar, por otra parte, que los obstáculos más serios, que siempre han entorpecido la consulta, subsisten. Aún no se han puesto de acuerdo Marruecos y el Polisario sobre el censo que, en último extremo, será válido para la votación: mientras el Polisario se atiene al censo español (aceptando cierta actualización), Marruecos quiere agregar una lista de unos 120.000 votantes, sobre los cuales no hay garantías de su origen saharaui. Este conflicto tendrá necesariamente que volver a ser debatido en la ONU, cuya Asamblea General se abrirá en breve plazo. Pero el avance en la labor de identificación de los censados será un factor positivo para el debate general. Por eso es tan necesario que las dificultades surgidas sean superadas con celeridad.
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