Bueren abre la vía para que Estado pague medio billón a las víctimas de la colza
Más de 13 años ha necesitado la justicia para encontrar responsables políticos en la intoxicación por aceite de colza que afectó en 1981 a más de 23.000 españoles, unos 600 de los cuales fallecieron por ese motivo. El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren decidió ayer abrir juicio oral a siete ex cargos del Gobierno de UCD por "los supuestos delitos de imprudencia temeraria y delito contra la salud pública con resultado de muerte y lesiones" y ha declarado al Estado responsable civil subsidiario de unas indenmizaciones que los acusadores calculan en medio billón de pesetas.
El juez Bueren, que ha decretado la libertad provisional de los siete acusados y ha denegado la apertura de juicio oral contra otros 11 ex funcionarios y cargos políticos, ha fijado la responsabilidad civil a razón de 15 millones de pesetas por fallecimiento, 15.000 pesetas por cada día de lesión de cada afectado, 90 millones por gran invalidez, y 70 millones por incapacidad absoluta.Bueren, quien ya había intentado en dos ocasiones anteriores llevar al banquillo a los ex cargos centristas, empezó a tramitar el pasado 9 de febrero los escritos aportados por las acusaciones particulares y popular. Mientras, el ministerio fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, por entender que los únicos responsables son los aceiteros condenados en su día, a quienes el Tribunal Supremo cuadruplicó las penas en abril de 1992. Cuatro de ellos cumplen aún condena.
La resolución hecha pública ayer distingue cuatro etapas en cuanto a la participación de los cargos ahora acusados. Una primera es la de las autorizaciones para utilizar anilina como desnaturalizante del aceite de colza, etapa en la que el juez estima responsable por acción u omisión a Manuel Hernández Bolaños, jefe del Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas.
Una segunda etapa es la relativa a la falta de atención y control sobre las licencias de importación de aceite de colza "y el notabilísimo incremento de las importaciones de tal producto, que debió hacer ver a los responsables de la Administración", explica el juez, "la falsedad del destino aparente y consignado en las licencias (uso industrial), respecto al destino real (consumo de boca)". Las actuaciones de José Guilló Fernández, director general de Competencia y Consumo, y Federico Povedano Alonso, jefe de la Sección de Importación de Productos Agrícolas y Transformados, las estima el juez "insuficientes e ineficaces para detectar el desvío al consumo de boca del aceite de colza".
Control negligente
En la tercera etapa, la del "negligente control de las empresas aceiteras y en concreto de Raelca y Oleícola Toledana, SA", el juez Bueren ve indicios de responsabilidad penal en Antonio Bardon Artacho, jefe del Servicio contra Fraudes de la Dirección General de Industrias Agropecuarias del Ministerio de Agricultura.
Por último, en cuanto a la cuarta etapa, la de negligencia respecto a la venta de aceite tóxico en Alcorcón, así como en mercadillos, casas, calles y venta ambulante, el juez Bueren aprecia responsabilidad penal en Casimiro Palacios Rodríguez, concejal de Sanidad de dicho Ayuntamiento; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid, y Roberto Conty Larraz, subdirector general de Alimentación en la fecha de los hechos.
A pesar de las acusaciones formuladas contra ellos, el juez Carlos Bueren deniega la apertura de juicio oral contra otros 11 ex cargos y funcionarios de la Administración de UCI). Se trata de José Luis García Ferrero, subsecretario del Ministerio de Economía; José Manuel Rodríguez Mohína, director general de Industrias Agrarias; Agustín Hidalgo de Quintana, secretario de Estado para el Comercio; Guillermo Tena Núñez, director del Instituto Nacional de Toxicología; Luis Cañada Royo, subdirector general de Programas de Salud; Antonio Rua de Benit, director general de Aduanas; Luis Sánchez-Harguindey Pimentel, secretario de Estado de Sanidad, y Luis Valenciano Clavel, director general de Salud Pública. Tampoco se sentarán en el banquillo tres concejales acusados: dos del Ayuntamiento de Madrid -José María Santos Guede, delegado del Servicio de Sanidad y Asistencia Social, y Eulogio Malo Mur, de Abastos y Mercados- y otro de Valladolid -Julio Pérez Cabello, concejal de Mercados y Abastos
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