EL NUEVO BANESTO.
Punto y aparte a ocho meses de una de las mayores crisis de la banca española. La junta general extraordinaria de accionistas de Banesto, que se celebra hoy en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, cierra el periodo más triste del histórico banco y abre las puertas a la era Botín. Los accionistas, entre los que no se espera la presencia del ex presidente Mario Conde, deberán aprobar la censura de la anterior gestión, las cuentas de 1993 -con unas pérdidas de casi 580.000 millones de pesetas-, el cambio de auditor -Arthur Andersen sustituirá a Price Waterhouse- y una autorización al consejo de administración para ampliar capital una o varias veces en un plazo de cinco años. Como contrapunto al silencio de Conde, las agrupaciones de pequeños accionistas intervendrán para pedir la reprobación de las cuentas de 1993.
La maquinaria jurídica
E. E. Las irregularidades detectadas en la gestión del consejo de Banesto que presidía Mario Conde, destituido el 28 de diciembre de 1993, han dado lugar a los siguientes procedimientos jurídicos:
Expediente del Banco de España a los dieciocho administradores y cuatro directores generales, aprobado el 1 de febrero de 1994. Legún el pliego de cargos general, las acusaciones son: dotación insuficiente de las provisiones para insolvencias de créditos y fluctuación de valores; prácticas contables con irregularidades esenciales que impedían conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad; insuficiente cobertura del coeficiente de recursos propios; incumplimiento de normas vigentes sobre límites de riesgos; realización de actos fraudulentos y utilización de personas interpuestas, y obstrucción a la labor inspectora. La ley prevé, de confirmarse estas acusaciones, sanciones por infracciones muy graves con multas de hasta 10 millones de pesetas, suspensión en el ejercicio del cargo y separación con inhabilitación para ejercer cargos de administración en la misma entidad por cinco o diez años.
Acción social de responsabilidad, por la que Banesto, por mandato de la junta del 26 de marzo de 1994, acusa a Conde y su consejo de administración de ser "solidariamente responsables, por la concurrencia en su conducta, de actos de deliberada intencionalidad y por su negligente actuación como administradores y gestores de Banesto de cuantos daños y perjuicios materiales y morales se han irrogado al mismo, provocando con su actuación, en tal carácter, el necesario saneamien-to de 605.000 millones de pesetas".
Querella criminal presentada por Christian Jiménez contra Mario Conde y los antiguos consejeros de Banesto.
El ex fiscal general, Eligio Hernández, solicitó al Banco de España la documentación sobre el caso Banesto, que le fue enviada. Su sucesor, Carlos Granados, cursó instrucciones en julio para analizar detenidamente las operaciones especiales que el Banco de España tipifica como presuntos actos fraudulentos en su pliego de, cargos.
El juez de delitos monetarios Miguel Moreiras ha intervenido en dos casos puntuales relacionados con las prácticas de Conde en Banesto. El primero se refiere a la existencia de facturas falsas autorizadas por el entonces director general de servicios de la entidad, Fernando Garro. El segundo hecho está relacionado con el pago de 600 millones de pesetas a la sociedad de St. Vincent, Antillas, llamada Argentia Trust, para obtener el presunto favor político de las exenciones fiscales solicitadas por Banesto en 1990 al crear la Corporación Industrial.
Una comisión parlamentaria estudia desde hace seis meses las circunstancias, incluyendo la gestión de Conde, que condujeron a la intervención del banco. El ex presidente será citado a declarar en septiembre.
Investigaciones del Congreso portugués y del Comité de Banca del Congreso de EE UU.
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